Se trata de una de las proposiciones no de ley que el partido ha incluido en una batería de medidas registradas en la Cámara Baja y que, según ha explicado la portavoz adjunta de los socialistas en la Comisión de Educación, Mari Luz Martínez Seijo, tienen el objetivo de "devolver la igualdad de oportunidades en la educación".
Además, gran parte de estas iniciativas en abundan en el objetivo del PSOE de derogar el Real Decreto por el que se regulan las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato, y persiguen establecer una moratoria para la permanencia del actual sistema de acceso a la universidad.
Asimismo, los socialistas vuelven a reclamar la comparecencia en el Congreso del Ministro de Educación en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, para que informe sobre este tema.
Martínez Seijo ha señalado que estas iniciativas se centran en "solucionar algunos de los problemas más urgentes que ha generado la LOMCE". En este sentido, otra de las proposiciones presentadas pretende modificar la doble opción de Matemáticas en 3º de la ESO, que, a juicio de la diputada, "suponen la elección casi irreversible de un itinerario académico que puede marcar de una manera definitiva el futuro de jóvenes con tan sólo 13 o 14 años".
El PSOE también ha planteado medidas sobre la programación general de la red de centros, la modificación del carácter evaluable de la asignatura de religión, la eliminación de los conciertos educativos con centros que segregan por razón de sexo, medidas de apoyo y atención al alumnado con altas capacidades intelectuales, y para avanzar en la universalización de la educación infantil de 0-3 años.
DEVOLVER LAS COMPETENCIAS A LOS CONSEJOS ESCOLARES
Del mismo modo, se pide la recuperación de la participación democrática en los centros educativos. Para ello, los socialistas proponen devolver las competencias que la LOMCE sustrajo a los Consejos Escolares, y recuperar la elección democrática de los directores de centros y limitar sus funciones.
Finalmente, se ha presentado una proposición no de ley de medidas urgentes en el sistema universitario, para derogar el Real Decreto de ordenación de las enseñanzas universitarias que consagraba el modelo 3+2, acordar un nuevo marco estatal de precios públicos de matrícula, o establecer el carácter de las becas como derecho, entre otras cuestiones.