La legislación establece que, cuando sea necesario, el responsable de tramitar el acta de matrimonio podrá recabar de las administraciones o entidades de iniciativa social de promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad, la provisión de apoyos humanos, técnicos y materiales que faciliten la emisión, interpretación y recepción del consentimiento por los contrayentes.
El nuevo texto de la formación 'popular', recogido por Europa Press, dice que "en casos excepcionales" se recabará dictamen médico sobre la aptitud del contrayente para prestar el consentimiento y limita esas excepciones a situaciones en los que "alguno de los contrayentes presente una condición de salud que, de modo evidente, categórico y sustancial, pueda impedirle prestar el consentimiento matrimonial pese a las medidas de apoyo".
El Ministerio de Justicia ya anunció en el mes de diciembre que enviaría una circular clarificando la interpretación de esta normativa, pero ahora el PP se suma a las iniciativas que ya han presentado sobre el mismo tema el PSOE, En Comú Podem y Ciudadanos, para modificar la legislación en aras de clarificar la situación.
EL CERMI LO CONSIDERA UN "RETROCESO"
La polémica surgió a finales del año pasado, después de que diferentes organizaciones con discapacidad analizaran la reforma del Código Civil que debe entrar en vigo el próximo mes de junio. Uno de los puntos de dicha norma señala que "si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales, se exigirá por el secretario judicial, notario, Encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente, dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento".
Concretamente, se han emitido quejas desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) y la ONCE. Estas organizaciones consideran que el texto "trata a las personas con discapacidad, como sordos o ciegos, como ciudadanos de segunda que precisan de consentimiento médico para poder contraer matrimonio".
Coincidiendo con la presentación de la propuesta de los socialistas, el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, calificó esta norma como "grave retroceso". Según ha apuntado, esta normativa ya tenía una restricción para las personas con discapacidad intelectual que el Gobierno también tenía que haber solucionado con arreglo a la convención de la ONU. "Pero en lugar de corregir ese déficit, lo amplia a otros colectivos que nunca antes, en nuestra tradición de derecho civil, habían tenido dificultades para acreditar su toma de decisiones", ha señalado.
CIRCULAR DE JUSTICIA
El Ministerio de Justicia ya anunció el pasado mes de diciembre que está preparando una circular para aclarar que las personas con discapacidad visual o auditiva no tendrá que pedir dictamen médico para casarse, según confirmaron a Europa Press fuentes de este departamento.
La circular, según señalaban, explicitará que este dictamen médico sólo se refiere a supuestos muy excepcionales; es decir, aquellos en los que la discapacidad es muy grave y muy extrema y la persona no tiene plenas facultades para prestar el consentimiento de matrimonio de forma voluntaria. Por ejemplo, una persona con una discapacidad psíquica muy grave que no es autónoma y que depende de otra persona para hacer absolutamente todo.