Ambos debates se producen como consecuencia de las peticiones registradas en la Cámara Baja por Unidos Podemos y PSOE. En el caso de la Ley de Dependencia, ambas formaciones piden la realización de "una auditoría de seguimiento específica de la aplicación" de la norma. Los socialistas, impulsores de la ley durante su mandato en 2013, piden además un informe de seguimiento sobre las recomendaciones realizadas por el propio Tribunal de Cuentas sobre el cumplimiento del texto.
En el caso de la Iglesia, las reclamaciones llegan después de que cinco consejeros del Tribunal de Cuentas, propuestos por los socialistas, reclamaran una fiscalización de la Iglesia a través de dos votos particulares presentados al programa de Fiscalización para 2017.
El pleno del organismo --compuesto por doce consejeros más el Fiscal--, aprobó su programa el pasado 22 de diciembre y, por decisión mayoritaria, no incluyó esa petición.
EL PSOE QUIERE UNA AUDITORÍA ANUAL
Para la formación morada "es incomprensible que la politización del Tribunal de Cuentas, compuesto por consejeros afines al PP y al PSOE, obstaculicen la publicación de informes sobre determinadas cuestiones", mientras que los socialistas incluyen en su iniciativa que se haga un informe con periodicidad anual, "para que todo esté perfectamente controlado y auditado"
Por su parte, tanto el PP como el vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal (CEE), Fernando Giménez Barriocanal, explicaron que la Iglesia Católica ya rinde cuentas sobre el dinero que recibe a través de IRPF mediante la memoria anual que presenta ante la Dirección General de Relaciones con las Confesiones. Aún así, Giménez Barrioca pese a lo que no ha mostrado inconveniente en "informar más y en otro sitio".