Las organizaciones, entre las que figuran la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, SOS Racismo o el Servicio Jesuíta a Migrantes, denuncian que en estos centros por los que en los últimos cinco años han pasado más de 42.000 personas se encierra "en condiciones inhumanas" y hasta 60 días a personas que no han cometido ningún delito, una medida "absolutamente desproporcionada", pues el marco legislativo español "sólo prevé la privación de libertad para delitos graves".
Por ello, consideran que estos centros son una "aberración jurídica que incumple la Constitución" y que son fruto de unas "políticas racistas y criminalizadoras contra las personas migrantes". Los definen como "instrumentos racistas, que vinculan migración y delincuencia y que refuerzan una sociedad dividida y fracturada", según informan estas entidades en un comunicado.
En la actualidad funcionan siete centros de internamiento en España situados en Algeciras, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Murcia, Santa Cruz de Tenerife y Valencia, pero el Ministerio de Interior ha anunciado en los últimos meses su intención de inaugurar nuevas dependencias en Algeciras, Málaga, Madrid, y otro más en la zona de Andalucía oriental que se situaría en Granada o Almería.
"Queda probado que en ellos se violan los derechos humanos, sus instalaciones y trato a retenidos son indignos y es frecuente encontrar a menores, víctimas de trata y padres y madres de menores españoles", denuncian las entidades, para quienes los CIE son "profundamente racistas.
En este sentido, destacan que "el 90% de las personas que han pasado por los CIE eran africanas" lo que a su juicio, es "una cifra desproporcionada para el peso de la población migrante en España".
Además, inciden en que estas instalaciones "no cumplen la función para la que han sido creados" porque de acuerdo a los datos oficiales, el 71% de las personas extranjeras que fueron internadas en los CIE en 2016 no fueron finalmente expulsadas.
"Las vulneraciones de derechos son tan graves y las condiciones tan indignas que no pocos gobiernos regionales y ayuntamientos han aprobado mociones en contra de estos centros: las Cortes Valencianas, el Parlamento de Navarra, el Parlamento de Cataluña, y ayuntamientos como el de Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, entre otros", dicen las entidades.