"Además, a la hora de realizar una reserva, no hay información en los portales digitales sobre accesibilidad. Esto es un agravante porque genera sobrecoste, no podemos aprovechar los descuentos que ofertan, ya que debemos reservar a través de los medios oficiales de los establecimientos", señala el presidente de FAMMA, Javier Font.
Asimismo, lamenta que estos establecimientos no suelen tener sus actividades programadas para que puedan participar personas con movilidad reducida en sus actividades culturales y de ocio.
Por ello, apunta que es necesario que la eliminación de barreras genere la total independencia y autonomía de las personas para puedan deambular "como quieran, donde quieran, a la hora que quieran" y no tener que depender de personas para abrir puertas de ascensores bloqueados con llaves, conectar elevadores que están apagados o baños ocupados donde se almacenan elementos de limpieza.
En este contexto, la Federación recuerda a la Administración que faltan cinco meses para el 4 de diciembre de 2017, fecha contemplada en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, en el que se establece que los espacios públicos urbanizados y edificaciones, los transportes, así como los entornos, productos y servicios de uso público, deberán ser accesibles en su totalidad.
A su juicio, habrá sobrecarga en los juzgados cuando a partir de la fecha citada, cualquier persona pueda denunciar una barrera ante un juzgado, por lo que es conveniente que las administraciones locales vayan advirtiendo de la obligación de cumplir con la Ley, con el fin de que las empresas lo vayan planificando en sus presupuestos y mantenimiento de edificios.