Los principales grupos parlamentarios alcanzan un acuerdo para enmendar la Ley Orgánica del Poder Judicial para limitar la aplicación del principio de jurisdicción universal penal por parte de la Audiencia Nacional.
La enmienda pactada entre PP y PSOE, limita su aplicación a los casos en los que se acredite que los presuntos responsables del delito se encuentran en España o que existen víctimas españolas o vínculos relevantes con nuestro país.
Esta enmienda es fruto de la propuesta de resolución consecuencia del debate sobre el estado de la nación que el pasado martes también pactaron en el pleno socialistas y populares, y fue aprobada por una amplia mayoría en la Cámara Baja.
Otras reformas
Los diputados acuerdan además enmendar el proyecto que desarrolla la implantación de la Oficina Judicial enviado al Congreso por el ministro de Justicia, Francisco Caamaño. No obstante, el Partido Popular ha matizado que no existe aún ningún acuerdo "cerrado" con el PSOE, aunque sí hay un acuerdo "de principio" que esperan cerrar el lunes.
Los grupos han pactado una fórmula para satisfacer a los jueces, de forma que los magistrados no perderán totalmente el control sobre la organización del trabajo en los tribunales. Así, se mantendrá que sea el secretario judicial el que establezca el día y la hora de las vistas, pero será el juez quien decida en el caso de que la decisión no se ajuste a los criterios de disponibilidad, organización y coordinación establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Otra de las enmiendas pactadas dará satisfacción también a una demanda de los secretarios judiciales, ya que aunque su presencia en la sala no será necesaria en los juicios cuando éstos puedan ser grabados, se permite que asistan y actúen como fedatarios públicos cuando las partes lo soliciten o lo requiera la complejidad del asunto.