La decisión implica que los fiscales examinarán en detalle la ola de violencia desatada en abril de 2015, cuando el presidente, Pierre Nkurunziza, decidió presentarse de nuevo a las elecciones. Al menos 1.200 personas perdieron la vida en esta violencia, que también provocó "cientos" de desaparecidos y "miles" de detenidos en situación ilegal, así como más de 400.000 desplazados.
Tras las pruebas presentadas por la Fiscalía del TPI, los jueces de la Cámara III de instrucción ven indicios suficientes para investigar numerosos crímenes contra la Humanidad que habrían sido cometidos en los últimos dos años en Burundi, entre ellos asesinatos, detenciones, torturas, violaciones, desapariciones forzosas y persecución, según un comunicado del tribunal.
Las pesquisas, que tienen como principal objetivo las acciones de las fuerzas de seguridad burundesas y el grupo Imbonerakure --juventudes del partido gobernante--, se circunscribirán en principio al periodo transcurrido entre el 26 de abril de 2015 y el 26 de octubre de 2017, un día antes de que Burundi abandonase formalmente el TPI. Sin embargo, los jueces no descartan que se pueda ampliar el plazo.
COLABORACIÓN
También han argumentado el derecho del tribunal de La Haya a analizar los posibles delitos cometidos en Burundi aunque ya no sea Estado miembro porque sí lo era cuando se cometieron los abusos que ahora se investigan. En este sentido, ha recordado al país africano que tiene la "obligación" de colaborar.
La fiscal jefe del TPI, Fatou Bensuda, ha incidido igualmente en dicha obligación de colaboración, en otro comunicado en el que ha explicado algunos de los pasos dados en estas últimas semanas y ha evitado poner fecha aproximada al final de los trabajos --irán "tan rápido como sea posible"--.
Así, ha apuntado que solicitó formalmente la apertura de un informe el 5 de septiembre y que lo hizo de forma privada, "para proteger la integridad de la investigación y la vida o bienestar de las víctimas y potenciales testigos" de los hechos analizados. Se trata, ha añadido, de una medida "excepcional" pero "necesaria" habida cuenta de las circunstancias.
"Las autoridades burundesas han iniciado varias investigaciones internas en relación a los actos violentos. Sin embargo, la información llegada a mi oficina hasta la fecha sugiere que no han llevado a cabo procedimientos penales relevantes sobre los delitos identificados", ha añadido Bensouda, que ha vinculado esta "inactividad" con la necesidad de actuar desde La Haya.
Naciones Unidas, a través de una comisión de investigación, ya pidió a principios de septiembre que los altos cargos del Gobierno de Burundi sean juzgados por los crímenes contra la Humanidad que se han cometido en el país. Aunque la ONU se negó a dar detalles acerca de los sospechosos, una integrante de la comisión apuntó directamente al entorno de Nkurunziza.
El informe recoge que los principales autores de estos hechos fueron las fuerzas de seguridad y el Ejército, mientras que el Servicio Nacional de Inteligencia se habría ocupado de las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzosas, las torturas, los tratos degradantes e inhumanos y los abusos sexuales.