En un comunicado, David Kaye y Edison Lanza han señalado que desde que esta norma entró en vigor han observado que se aplica la legislación para sancionar a medios de comunicación, especialmente cuando éstos cuestionan decisiones del Gobierno.
Así, han señalado que la legislación tiene carencias en cuanto a contenido jurídico preciso y que su aplicación "inhibe gravemente la libertad de expresión y de opinión en el Ecuador".
Por ello, han instado a ajustar esta normativa a los estándares internacionales, ya que "toda restricción legal al derecho a la libertad de expresión debe ser lo suficientemente clara y precisa para evitar su aplicación discrecional y arbitraria".
Ambos han remitido una carta al Gobierno ecuatoriano explicando estas preocupaciones, a la espera de que el Ejecutivo de Rafael Correa les ofrezca información sobre la aplicación de esta ley, de manera que se pueda abrir un diálogo sobre el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.