El tribunal, que incluyó el 12 de enero a miles de personas en una lista de terroristas, ha congelado los fondos de los afectados y ha cancelado sus pasaportes. La ONG ha señalado que los ciudadanos no han podido recurrir la decisión y ha alertado de que muchos de ellos ni siquiera fueron informados de su situación hasta que la corte emitió su veredicto.
"Introducir a cientos de personas en una lista de terrorismo sin siquiera informarles supone una restricción de sus medios de vida y libertades e implica una burla a los procesos judiciales", ha manifestado el subdirector de HRW para Oriente Próximo, Joe Stork, que ha informado de que la decisión sólo puede recurrirse de forma directa ante el Tribunal de Casación.
El tribunal incluyó a los ciudadanos en la lista de terroristas nacionales siguiendo las demandas de la Fiscalía, que les acusaba de haber proporcionado ayuda financiera a los Hermanos Musulmanes y haber contribuido al entrenamiento militar del grupo y a su plan de atacar las fuerzas de seguridad del país.
La organización, que ha instado a la Fiscalía a presentar una solicitud formal de designación de presuntos terroristas, ha señalado que el Parlamento debería derogar la ley actual o enmendarla para garantizar que la definición de terrorismo sea mucho más específica.
Entre los que han sido incluidos en la lista se encuentran el expresidente Mohamed Mursi y sus hijos, así como algunos líderes del movimiento, hombres de negocio y periodistas, entre otros. La ley para la Organización de Listas de Terroristas y Entidades fue decretada por el presidente del país, Abdel Fatá al Sisi, en 2015.
La legislación autoriza al fiscal general a solicitar que los tribunales penales de El Cairo, la capital del país, incluyan a organizaciones e individuos en la lista durante periodos de tres años que pueden ser renovados.
HRW ha alertado de que las consecuencias de ser señalado como terrorista bajo esta ley son prácticamente las mismas que en aquellos casos en que los sospechosos hayan sido condenados tras un proceso judicial. Sin embargo, estos pueden ser designados como tal sin haber sido declarados culpables, lo que viola su derecho a un juicio justo.
CRIMINALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Según la definición recogida por el código penal egipcio, todo aquel grupo que infrinja el orden público y la unidad nacional, dañe el medioambiente y la propiedad pública o privada, bloquee el transporte e impida que se apliquen las leyes y regulaciones, es considerado "entidad terrorista".
Este marco legal supone la criminalización de actividades que van más allá de lo establecido por la resolución 1566 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la cual fue adoptada de forma unánime en 2004 y reduce la definición a aquellos actos cometidos con la intención de matar, intimidar, aterrorizar a la población o causar daños físicos severos.
La Justicia egipcia prohibió las actividades de Hermanos Musulmanes en septiembre de 2013. Varios días después, el Gobierno designó un comité para incautarse de todos los bienes relacionados con el movimiento y sus miembros. En 2014, el grupo fue designado como organización terrorista.
"El terrorismo es real en Egipto, pero las autoridades están utilizando herramientas de legalidad cuestionable para enfrentarse al problema", ha indicado Stork. "Esta actitud clasifica indiscriminadamente a los oponentes como terroristas y no supone la exculpación de los inocentes", ha añadido.