En un auto fechado el día 26 de junio, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada abre esta pieza separada de los ERE contra un total de 25 personas, entre ellas la ex secretaria general de Empleo y la ex directora general de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Carmen de Miguel García y Soledad Córdova Garrido, respectivamente.
Asimismo, y por las ayudas concedidas en el año 2003 a los trabajadores de diversas compañías mineras de la Faja Pirítica, la juez acuerda investigar a los exconsejeros de Empleo, José Antonio Viera y Antonio Fernández; al exviceconsejero del ramo, Agustín Barberá, y a los ex directores generales de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez, además de a diez sindicalistas, cinco trabajadores incluidos como 'intrusos', un abogado y un mediador de seguros.
La instructora considera que Carmen de Miguel y Soledad Córdova habrían cometido un presunto delito de prevaricación en concurso con uno de malversación de caudales públicos "por conocer y permitir la inclusión de individuos que no reunían las condiciones necesarias marcadas por la propia Administración para ser receptores de las subvenciones".