Así lo ha anunciado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha acusado a la Generalitat de "descargar" en los ciudadanos de Cataluña, como alcaldes o funcionarios, la responsabilidad sobre la organización de este nuevo procedimiento, "todavía más antidemocrático" que el primero.
"A los ciudadanos no se les puede imponer obligaciones a mayores que les generen dudas, miedos, intranquilidad, inseguridades porque el presidente de la Generalitat decide que no asume la responsabilidad de la ilegalidad del proceso", ha añadido.
"El Gobierno va a velar porque se cumpla la ley y por los derechos de los ciudadanos de Cataluña", ha concluido por Saénz de Santamaría.