Se produce después de que el fiscal y la Abogacía del Estado habían pedido prisión preventiva eludible con el pago de una fianza de tres millones de euros, tras la condena a cinco años y tres meses de cárcel y multa de cerca de 112 millones de euros como presunto autor de dos delitos contra la Hacienda Pública, por el supuesto impago de unos 29 millones de euros.
En este sentido, el magistrado ha acordado en un auto la obligación de comunicar cuantos cambios de domicilio realice, la obligación de comparecer ante el juzgado los días 1 y 15 de cada mes y siempre que fuere llamado, al tiempo que se mantiene la medida de retirada del pasaporte.
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