Según recoge el escrito de acusación, en 2008 Alejandro F.P. comenzó a aparentar una solvencia económica que no tenía, actuando de forma "ostentosa", conduciendo vehículos de alta gama, vistiendo ropa y relojes de lujo y frecuentando restaurantes de alto nivel y clubes deportivos selectos.
Se hacía pasar por un broker "de reconocido prestigio" que gestionaba el patrimonio de importantes familias de Barcelona, con lo que empezó a engañar a potenciales inversores para que le entregaran capital para invertir en productos financieros estructurados.
En realidad el acusado se apoderaba del dinero y solo devolvía algunas cantidades fingiendo que eran rendimientos, y fue descubierto cuando un asesor fiscal propuso que todo el entramado inversor operara en una estructura societaria común, para lo que le reclamó la inversión inicial.
La Fiscalía pide para él siete años y tres meses de prisión por un delito de estafa y otro de falsificación y le pide que indemnice con el dinero sustraído a las víctimas.