En el escrito de acusación, recogido por Europa Press, los fiscales Emilio Sánchez Ulled y Francisco Bañeres especifican que, en el caso de que el tribunal optase por la imponer por separado ambos delitos, las penas totales serían de nueve años y seis meses para Mas y de ocho años y siete meses para Ortega y Rigau.
La Fiscalía concluye que Mas, "intencionadamente y sin otro amparo que su mera voluntad" desatendió el mandato del TC e incumplió la obligación, que como convocante tenía, de dejar sin efecto la consulta del 9N, según el escrito de acusación.
Ortega, como vicepresidenta del Govern, siguió ejerciendo el control público y la coordinación de toda la preparación de las votaciones inmediatamente por debajo de Mas y fue la "impulsora directa de las principales actuaciones administrativas" para el 9N.
En el caso de Rigau, puso a disposición de la consulta los medios del departamento y se sirvió de los jefes de los servicios territoriales de su departamento para garantizar que los directores de los centros de enseñanza secundaria prestaran el apoyo necesario.