En un escrito presentado ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), los fiscales Francisco Bañeres y Emilio Sánchez Ulled concluyen que no hubo malversación en la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014 pese a que "generó un gasto público considerable", que cifran en unos 1,3 millones de euros.
Los fiscales esgrimen, entre otras razones, que los gastos se habían comprometido con anterioridad a la suspensión por parte del Tribunal Constitucional (TC) aunque algunas de las partidas se pagaran después.