En un breve comunicado, han reaccionado así después de que la Fiscalía Anticorrupción haya acusado a Pujol de exigir 30.000 euros al empresario imputado Ricard Puignou para votar en la cámara a favor de los intereses de la presunta trama de las ITV en la tramitación de la citada ley, una petición que se sumaría a la imputación que arrastra por un delito de tráfico de influencias en el mismo caso.
"Reiteramos la absoluta inocencia de Oriol Pujol, que nunca solicitó y, mucho menos percibió ninguna contraprestación --económica o no económica-- a cambio de una votación en el Parlamento", sostiene el partido en el comunicado.
También han recordado que la Ley de Seguridad Industrial se aprobó en 2008, durante el segundo tripartito, estando CiU en la oposición: "Por tanto, el voto de sus diputados no era necesario para tirar adelante esta ley".
CDC ha asegurado que ni los abogados de Pujol ni los servicios jurídicos del partido han recibido una comunicación oficial de esto por parte de la justicia, y que han conocido la información por los medios de comunicación.
Pese a todo, han insistido en que tanto el diputado como el partido se ponen "una vez más" a disposición de la justicia para aclarar cualquier información.