"Hay que ser un poco coherentes", ha indicado el abogado Gonzalo Boyé que ha precisado que la acusación particular admite, con su presencia en el juicio, que la Generalitat constituye "un alto organismo del Estado".
Boyé también ha rechazado que los acusados cometieran un delito contra estas instituciones y ha recordado que en la acción de protesta que culminó con el asalto a la sede del Parlamento catalán no se produjo "una actuación coordinada". "Lo que se juzgan son conductas aisladas", ha agregado.
Otras de las cuestiones previas planteadas por las defensas han sido la retirada del juicio del sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular y la invalidación de las imágenes de la protesta aportadas por los medios de comunicación, que --indican-- pueden haber sido manipuladas.
Por su parte, el Ministerio Público ha formulado protesta por la decisión de que las declaraciones de los Mossos que participaron en los hechos se efectúen de forma presencial y no a través de videoconferencia.
El tribunal, presidido por el juez Fernando Grande Marlaska ha eximido a una de las acusadas Marta Pi Morera de la obligación de comparecer diariamente al juicio debido a que está embarazada. Ha rechazado por unanimidad el resto de previas planteadas.
La Audiencia Nacional celebra el juicio en su sede de San Fernando de Henares (Madrid), aunque los diputados que declaren como testigos lo podrán hacer desde Barcelona por videoconferencia. Se prevé que el juicio quede visto para sentencia el 5 de mayo.
La Fiscalía pide cinco años y medio para cada uno por un delito contra las Instituciones del Estado en concurso ideal con otro de atentado contra la autoridad, y reclama que se les imponga, además, una multa de 7.500 euros. Por su parte, la acusación popular reclama 9 años de prisión ya que imputa a los manifestantes, además, un delito de atentado y otro de asociación ilícita.
Los fiscales Teresa Sandoval y José Perals consideran que los manifestantes provocaron "un fundado temor en la seguridad" de los diputados que intentaban entrar en la Cámara catalana. En sus conclusiones preliminares destacan que los diputados --incluido el presidente de la Generalitat, Artur Mas, que debió acceder al recinto con el "método absolutamente inhabitual" del helicóptero-- fueron rodeados e increpados por grupos de personas que les impedían el acceso, con empujones, golpes, lanzamiento de objetos e insultos.
Tras señalar que los acusados tuvieron una activa intervención en estos hechos, los fiscales apuntan a que todos ellos desarrollaron "comportamientos y actitudes violentas e intimidatorias" para impedir la asistencia de los diputados al pleno, que empezó con un retraso de 11 minutos y con la presencia únicamente de 70 de los 135 diputados.
La acusación se formuló en un inicio contra 20 acusados, pero uno de ellos, Cristóbal Nicolás Araya Bruna, está huido y no comparecerá en la vista oral. El resto son Javier Tadeo Orellana de Villalonga, Daniele Vinci, Rubén Molina Marín, Marta Pi Morera, Alejandra Calderón Becerra, Francisco José Cobos García, Alessia Borge, Antoni Dolz García, Jordi Raymond Parra, Javier Villanueva Mena, María Durán Gurnsey, Ignacio Antolino Ibáñez, Joan Peiró Tura, Ángela Bergillos Alguacil, Ciro Morales Rodríguez, Álvaro Cano Santana, Olga Álvarez Juan, Carlos Munter Domec y José María Vázquez Moreno.
A este último también se le imputa una falta de daños por perseguir a la parlamentaria socialista Montserrat Tura y utilizar un spray para pintarle una cruz en la gabardina que llevaba.