La investigación recayó en un primer momento en el juez de instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, que decidió inhibirse a favor del magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que ya investiga a Rato en otras dos causas: las presuntas irregularidades en la fusión y salida a Bolsa de Bankia y el uso por parte de directivos de este banco y de Caja Madrid de tarjetas de crédito opacas al fisco.
No obstante, la Fiscalía Anticorrupción se opuso a la iniciativa de Serrano-Artal y la recurrió al considerar que si la causa fuera remitida a la Audiencia Nacional podría crearse "un procedimiento inmanejable y carente de eficacia".
CONSECUENCIAS DILATORIAS
En opinión del Ministerio Público, deberían aplicarse en este caso "las reglas del sentido común" para no generar "indeseables consecuencias dilatorias". "Es obvio que si en un proceso con multitud de imputados, del tipo que se vienen en llamar macroprocesos, introdujéramos, además, los eventuales delitos fiscales u otros cometidos también por los imputados, la instrucción del procedimiento devendría inmanejable y, desde luego, carente de la eficacia que debe tener una investigación judicial".
La fiscal encargada, Elena Lorente, entiende que no existe conexión entre esta investigación y la que emprendida por el juez de la Audiencia Nacional por la salida a Bolsa de Bankia y por el uso de las denominadas 'tarjetas black' de Caja Madrid.
Apunta también que "no cabe decir" que la defraudación de la que se acusa a Rato ocasionó una grave repercusión en el tráfico mercantil, la economía nacional o a una generalidad de personas y destaca la importancia de "aquilatar" en la instrucción si el delito presuntamente cometido por el exvicepresidente primero del Gobierno fue cometido en el extranjero y guarda una conexión directa con una actividad delictiva previa de Rato.