La Fiscalía y la acusación popular en el juicio contra el expresidente de Kutxabank, Mario Fernández, el exdelegado del Gobierno, Mikel Cabieces y el abogado Rafael Alcorta han pedido su condena al considerar que hubo un "perjuicio" al banco vasco porque la entidad realizó unos pagos al exdelegado a través del bufete de Alcorta por unos trabajos que no se efectuaron. Por su parte, las tres defensas han reclamado la absolución de sus clientes alegando que no hubo quebranto a la entidad, que pagó por unos servicios prestados.
En la última sesión del juicio, la Fiscalía ha mantenido la petición de dos años de cárcel y 6.000 euros de multa para los tres acusados por un delito de administración desleal y falsedad en documento mercantil, que, a su juicio, es el que "más se ajusta" a los hechos o, alternativamente, tres años por un delito de apropiación indebida.
También ha solicitado la inhabilitación especial para el desempeño del cargo de administrador o miembro del consejo de administración de sociedades mercantiles en el caso de Fernández, y para ejercer la abogacía en el de los otros dos acusados.
Por su parte, la acusación popular se ha adherido a la petición de la fiscalía, aunque, subsidiariamente, mantiene la suya -tres años y medio de cárcel para Cabieces y Alcorta y dos años y tres meses para Fernández-. Las defensas han solicitado la absolución.
Este viernes se ha cerrado en la Audiencia Provincial de Vizcaya el juicio por presuntos pagos irregulares por importe de 243.592 euros que realizó Kutxabank durante el mandato de su anterior presidente a Cabieces, a través del bufete de Alcorta. En la sesión, se ha admitido cautelarmente la justificación de la responsable de servicios jurídicos de Kutxabank, Irantzu Irastorza, de que fue un "error" que figure el 28 de diciembre como fecha de entrada de la denuncia ante la fiscalía cuando -asegura- fue el 29 de diciembre, una vez decidido en el consejo.
FISCAL
El fiscal ve "pruebas incriminatorias suficientes" para una sentencia condenatoria porque los encausados actuaron de "común acuerdo" para causar "quebranto" al banco. A su juicio, se produjo una decisión de "beneficiar económicamente" a un tercero en detrimento del patrimonio de la entidad y evitando sus "controles".
El fiscal ha señalado que los pagos a Cabieces causaron un perjuicio a Kutxabank, independientemente de si se dio prestación de servicios. "Kutxabank siempre salía perdiendo", ha añadido.
Ha asegurado que no hay "ni una sola prueba tangible" del trabajo de Cabieces y solo "se cuenta" con afirmaciones de los imputados. "No hay ni un sólo rastro de su trabajo en tres años", ha precisado.
El fiscal ha manifestado que, en caso de que se hubiera acreditado que Cabieces prestó servicios, Kutxabank también "perdía" porque el "beneficiado" fue el bufete, que "recibió la ayuda del abogado".
A su juicio, se actuó "de manera fraudulenta" y, tras preguntarse por qué no se contrató a Cabieces directamente, ha asegurado que lo que había era "un compromiso de pagos" al exdelegado de "principio a fin".
Para ello, -ha apuntado- se utilizó el despacho de Alcorta como "pantalla" para estos pagos "encubiertos" a "los que se prestó" el abogado, como "cooperador imprescindible".
Por otra parte, ha asegurado que era "falsa" la factura con la que se pretendía liquidar la relación con Cabieces porque "obedece a una finalidad" que no se corresponde con el "concepto de la misma".
Asimismo, cree que el abono que realizó Fernández de las cantidades a Cabieces es el "reconocimiento de la culpabilidad", y debería haber "jugado con su dinero, no con el de Kutxabank".
La abogada de la acusación particular Jone Goirizelaia, que se ha alineado con las tesis de fiscalía, ha enmarcado lo ocurrido en un caso de "puertas giratorias" y ha recordado que Fernández reconoció que recibió "la llamada de un político que le pide que haga algo con Cabieces". A su juicio, esto no es algo que "haya pasado" solo en Kutxabank y "seguramente", según Goirizelaia, habrá ocurrido en más ocasiones en la entidad.
También ha asegurado que las defensas de los imputados tendrían que haber probado que "se han hecho los trabajos y no han traído nada" y ha aludido también a la "falsedad" de la última factura.
DEFENSA DE MARIO
Carlos Bueren, abogado del expresidente de Kutxabank, Mario Fernández, ha reclamado una sentencia "justa" y absolutoria porque "se hará justicia". "No sólo la libertad y su patrimonio es lo que tienen en sus manos, sino que se está juzgando el honor de una persona", ha señalado.
Bueren ha afirmado que "no se dan los presupuestos" para los delitos que se imputan y ha defendido "la inexistencia de perjuicio" para el banco, que no se ha presentado como acusación, y la inexistencia de "ánimo de perjudicar".
Además, ha manifestado que Fernández, no sólo no perjudicó a Kutxabank, sino que fue "beneficioso" para sus intereses en su mandato, haciendo, incluso, "un sacrificio económico personal".
En este sentido, tras asegurar que el acusado devolvió al banco el dinero que había cobrado Cabieces al día siguiente de su "conversación con Villalabeitia", ha recordado que, cuando accedió a la presidencia renunció a la retribución variable, a pensión complementaria y otros pagos por extinción de su relación laboral.
Fernández también dijo que entregó al banco más de 500.000 euros de su cargo como vicepresidente de CECA y por participar a título personal como consejero en Repsol. Por ello, no entiende que "se le atribuya ánimo defraudatorio" a su defendido.
Por otra parte, ha asegurado que Cabieces "prestó" el servicio de asesoría y nunca hubo "instrucción" de Fernández para "no desarrollar el trabajo", por lo que "no hay factura que no se corresponda con los servicios prestados".
En este sentido, tras denunciar que Kutxabank no hiciera "ninguna comprobación de si el trabajo se había prestado, ha criticado "la sinrazón" de las acusaciones por asegurar que se usaba el despacho de Alcorta como" pantalla". Ha defendido que Alcorta "asumió de manera libre la contratación" y ha negado que se trate de "un tema de puertas giratorias". En un momento determinado, ha asegurado que "aquí no están todos los que son ni son ninguno de los que están".
Por su parte, Javier Beramendi, abogado de Rafael Alcorta, ha calificado de "esperpento" el proceso y ha defendido que Kutxabank estableció las condiciones "sin ninguna negociación" y fue "una imposición".
Ha negado también que hubiera "secreto" en la contratación porque "los que tenían que conocerlo lo conocían". Beramendi ha añadido que el hecho de que, inicialmente, hubiera "algunas roces" entre Cabieces y Alcorta "no es la prueba de que no se hizo nada". "El trabajo se ha sacado a entera satisfacción de la entidad, ¿cuál es el perjuicio?", ha añadido. Sobre la última factura emitida que consideran falsa las acusaciones, lo niega y afirma que "entra en el circuito ordinario" y "no se oculta".
Beramendi ha añadido que "nada gana" su defendido con "esta historia" y que el hecho de que Kutxabank quisiera "a la vez" que se abonaba la cuantía por una gestión para Cajasur, "liquidar a Cabieces" fue, en todo caso, una "tomadura de pelo" para Alcorta.
Por último, Jesús Urraza, el abogado de Mikel Cabieces, se ha mostrado convencido de que, si en lugar de Cabieces, el acusado fuera "Pedro Fernández", no se habría celebrado juicio.
Urraza ha defendido que no hubo ninguna "irregularidad". Ha negado "la falsedad" en las facturas y ha manifestado que Cabieces cumplió su trabajo y no hubo "ni una sola queja". "Había trabajo y muy bien documentado", ha apuntado. Ha criticado que no se hicieran las comprobaciones para ello, además de denunciar que no había "soporte legal" para indagar en las cuentas de su cliente como se hizo.