"Esta medida perjudica gravemente a miles de directivos de empresas que ejercen funciones de administración y que generalmente se limitan a cumplir las instrucciones de las compañías para las que trabajan. En muchos casos, estas personas ni siquiera tienen a título personal intereses societarios en las empresas deudoras", subrayó en un comunicado.
Según la Unión de Contribuyentes, con la entrada en vigor de esta norma "sus nombres aparecerán señalados" por el Estado como vinculados a situaciones de fuerte endeudamiento con la Hacienda Pública, por lo que se dañará su imagen personal y la consideración crediticia de estas personas, ocasionándoles "todo tipo de perjuicios" en sus tratos con otras administraciones, así como en sus negocios privados.
"Las sucesivas modificaciones del artículo 95 de la Ley General Tributaria y la incorporación del 95 bis para amparar la publicación de listados de deudores constituyen un retroceso de nuestro marco de derechos y libertades", reiteró la Unión de Contribuyentes.