Las mutuas, encargadas mayoritariamente del pago de esta prestación, han gestionado el 92% de las solicitudes de cese de actividad, mientras que los servicios públicos de empleo (SEPE) y el Instituto Social de la Marina (ISM) gestionan el 8% de esta contingencia.
De las 4.278 solicitudes de prestación por cese de actividad se han resuelto 3.717, siendo favorables 1.616 y denegadas 2.101, un 56,52% de las mismas, según los datos manejados por UPTA.
"En términos de recaudación pura y dura el cese de actividad de los autónomos es una auténtica joya puesto que solamente se destina al pago de esta prestación menos del 15% recaudado. La cantidad recaudada supera en el año los 134 millones", argumenta UPTA.
La organización recuerda además que el Real Decreto que regula esta prestación establece que el 1% de la recaudación (algo más de 1,3 millones de euros) deben destinarse a la formación de los beneficiarios de la prestación, un dinero del que, según UPTA, se desconoce qué uso ha tenido. Analizando el histórico acumulado, la organización subraya que el fondo para formación debería ascende a unos 12 millones de euros.
El secretario general de UPTA, Eduardo Abad, considera que esta "importantísima cantidad económica tendría que activarse urgentemente y dedicarse a poner en marcha acciones relacionadas con la formación específica del colectivo, además de procurar una verdadera reintegración laboral de los autónomos que causan baja en el sistema".