Fue el propio ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, quien lanzó la propuesta en el Senado: cómo adaptar la normativa vigente para poder publicar una lista con los mayores defraudadores y morosos a la Hacienda Pública.
El objetivo es que paguen
En concreto, el Ejecutivo estudia la precisión de "parámetros objetivos" para configurar el listado de los morosos y defraudadores con independencia de su actividad económica y condición, ya sean personas físicas o jurídicas.
"Se trata de que paguen, no se puede decir más claro y en plata", dijo el ministro, quien no puede entender "tanto sigilo y cautela" hacia personas o empresas que no cumplen con sus obligaciones y no merecen confianza.
El Consejo de Ministros vio el pasado viernes un informe del ministerio sobre este asunto, que enmarca en sus planes de lucha contra el fraude fiscal. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que, de hecho, es uno de los "pilares" de la política del Gobierno, que ha decidido actuar después de muchos años de caída de recaudación con un perjuicio "directo e inmediato" al Estado de bienestar y los servicios públicos.
Dentro de este paquete de medidas de lucha contra el fraude, el Gobierno ha aprobado también a la convocatoria de 100 plazas públicas para funcionarios dedicados exclusivamente a la lucha contra el fraude fiscal y laboral.