Bruselas sospecha que este régimen fiscal podría conceder ventajas indebidas a las empresas extraterritoriales, que no tienen presencia real en el Peñón.
La investigación, lanzada por el departamento de Competencia que dirige Joaquín Almunia, responde a una denuncia presentada por España en junio de 2012, a raíz de la cual el Ejecutivo comunitario ya ha realizado un análisis preliminar.
Ahora, Bruselas examinará en particular por qué determinados ingresos pasivos, tales como los royalties y ciertos tipos de intereses, no están sujetos al impuesto de sociedades en Gibraltar. La apertura de la investigación no prejuzga el resultado y da la oportunidad a las partes de presentar observaciones.
En la actual fase de sus pesquisas, el Ejecutivo comunitario considera que esta exención fiscal para los ingresos pasivos de intereses y royalties podría constituir una ayuda estatal porque se aparta del régimen general del impuesto de sociedades. Ello podría conceder una ventaja especial para las empresas que producen este tipo de ingresos.
La Comisión cree que no existen motivos válidos que justifiquen estas exenciones. Gibraltar introdujo ligeros cambios en su régimen el 1 de julio de 2013 para atender a las preocupaciones de Bruselas, pero el Ejecutivo comunitario los ve insuficientes.
Bruselas ya declaró ilegal en 2004 el anterior régimen del impuesto de sociedades de Gibraltar. En 2011, el Tribunal de Justicia de la UE confirmó la decisión de Bruselas y señaló que las medidas concedían ventajas indebidas a las empresas extraterritoriales, sin trabajadores ni locales en Gibraltar, que quedaban exentas del impuesto.