El susodicho poseía el 42% de American Apparel, pero transfirió su parte a un fondo de protección, que aún lo posee como aval. Sin embargo, no le ha salido bien la jugada; aún tiene con el fondo un pleito pendiente de 30 millones de dólares por difamación. Por tanto, la participación del CEO de la compañía es en estos momentos carece de valor.
Además, no puede hacerse con más acciones de la empresa, al menos en seis meses, mientras la empresa se reorganiza. Así se quiere evitar que Charney recupere el control de la compañía, ya que fue relevado de su cargo en 2014 por sus numerosas polémicas, como es el caso del acoso sexual a sus empleadas.
La declaración de bancarrota se presenta como una medida para poder controlar la desmesurada deuda que acumula American Apparel, que debe en torno a 400 millones de dólares, pero tan solo posee 200 millones en activos. La bancarrota desatascaría 200 millones de los bonos de la compañía, a cambio darían una participación mayoritaria a los acreedores.
Aunque American Apparel se verá obligada a echar el cierre a algunas de sus tiendas en Estados Unidos, la compañía ha dejado claro que la bancarrota no afectará a las operaciones que tienen en 18 países.