El presidente de la Región de Murcia ha abierto una veda que algunos de sus homólogos compañeros de partido han seguido. , Ramón Luis Valcárcel, ha asegurado que "no hay razones para acatar" la Ley del Aborto que entra este lunes en vigor, puesto que la norma "todavía no está en su punto final".
Valcárcel, en declaraciones a los periodistas al término de la reunión en Madrid de la Junta Directiva Nacional del PP, ha indicado que ésta es la opción que maneja su Gobierno ante la puesta en marcha de la Ley del Aborto , que el partido ha recurrido ante el Tribunal Constitucional.
Navarra seguirá si practicar abortos
En la misma línea se ha manifestado el portavoz del Gobierno de Navarra. Alberto Catalán ha manifestado su "desacuerdo con esta normativa estatal" y ha añadido que "habrá que esperar a ver cómo se pronuncia el Tribunal Constitucional" ante el recurso de inconstitucionalidad presentado.
"Se trata de cumplir con la legalidad. A veces se hace hincapié en la postura del Gobierno de Navarra cuando en los hospitales públicos de otras comunidades autónomas no se practican abortos", ha afirmado. "El mantenimiento del criterio (contra la ley del aborto) va a ser el mismo, el del Gobierno navarro y el de UPN", es decir, que no se practiquen abortos en su territorio.
En Valencia sí se aplicará
Algo más suave ha sido la portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, quien ha manifestado que hubiera sido "una oportunidad" dejar la Ley en suspenso hasta que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre su constitucionalidad.
Preguntada por si las clínicas valencianas van a tener permisos para comenzar a practicar a partir de hoy abortos en los plazos recogidos por la ley, ha aclarado que el recurso presentado por el Gobierno valenciano no suspende la aplicación de la ley, de modo que la norma estatal "ya está en vigor".
Ofrecer toda la información
La portavoz de Política Social del PP, Sandra Moneo, preguntada por estas declaraciones, ha explicado que las comunidades autónomas que gobiernan los populares "harán el máximo esfuerzo por ofrecer a las mujeres y jóvenes toda la información" que necesiten ante embarazos no previstos. Esfuerzo que, en ningún caso, ha dicho Moneo, irá dirigido al aborto como "alternativa" ante un embarazo imprevisto.
La dirigente del PP ha considerado "muy urgente" la paralización de la puesta en marcha de la Ley del Aborto, ya que las consecuencias de la aplicación de la misma son "irreversibles", especialmente por suponer la implantación del "aborto libre".
Zapatero defiende la constitucionalidad de la ley
Como respuesta a las críticas populares, y a la posible rebeldía de Murcia, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha atribuido el recurso presentado por el Partido Popular contra la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) a que el PP lleva ante el Tribunal Constitucional "lo que pierde políticamente" y está convencido de que el fallo será favorable a la norma.
"Estamos viendo una constante desde la Legislatura anterior, es probable que también de ésta: que el PP, lo que pierde políticamente en cuanto a mayoría social y parlamentaria, siempre lo traduce en un recurso al Tribunal Constitucional", ha señalado Zapatero en rueda de prensa posterior a su encuentro con el presidente de Siria, Bashar al Assad, de visita oficial en España.
"Entendemos que ese (la constitucionalidad) será el resultado de estos recursos, que no crean ninguna inseguridad jurídica", ha asegurado, para incidir en que el texto ha sido aprobado por las Cortes Generales.
Sobre este asunto ha dicho además, que se trata de una ley "de prevención, de seguridad y europea" que "está destinada a evitar embarazos no deseados" y "da más garantías a las mujeres y los profesionales".
Bibiana Aído dice que la Ley es constitucional
Por cu parte, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, principal responsable de la nueva norma, ha dicho que el Gobierno está plenamente convencido de la constitucionalidad de la Ley del Aborto que entra en vigor, ya que "es una ley totalmente garantista que respeta plenamente los límites que se impusieron en su día por el Tribunal Constitucional". Aído ha añadido que es una "ley más segura que ofrece más garantías jurídicas tanto a mujeres como a profesionales, más ajustada a la realidad de la sociedad española, una ley que respeta la confidencialidad de los datos" y con "más garantías en el acceso a la prestación".
La ministra ha explicado que la situación de las menores de edad (16 años) en el texto de la Ley del aborto mantiene que "la decisión final es de ellas", pero introduce que al menos uno de los representantes legales esté informado, pudiendo prescindir de esa información en casos de conflictos graves. Aído ha dicho que uno de los objetivos es reducir el número de embarazos no deseados y el número de abortos que no ha parado de crecer en las últimas décadas en España, y que espera que se puedan reducir de "una manera significativa", aunque "no se puede hablar de cifras".