Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil, con la colaboración de la Agencia Tributaria ha logrado detener a 65 miembros de una organización dedicada al tráfico de hachís a gran escala e intervenir más de 20.000 kilos de droga, 175 inmuebles y un centenar de vehículos por valor al menos de 250 millones de euros.
La operación, coordinada por el Centro de Inteligencia Contra el Crimen Organizado (CICO), se ha desarrollado en Barcelona, Coslada (Madrid), Mahón, Menorca y Sant Carles de la Rápita (Tarragona), entre otras localidades, así como en embarcaciones localizadas en las costas de Cartagena (Murcia) o Castellón.
A los arrestados se les imputa la presunta comisión de delitos contra la salud pública, asociación ilícita, falsificación de documentos, cohecho, tenencia ilícita de armas, resistencia, desobediencia y atentado a agente de la autoridad, así como blanqueo de capitales.
Las investigaciones se iniciaron en agosto de 2009 cuando la Guardia Civil de Alicante sospechó de un grupo organizado, asentado en Melilla, que podría introducir grandes cantidades de hachís, principalmente, desde Marruecos con destino a algunos países europeos como Italia, Holanda, Reino Unido, España, o hacia los Emiratos Arabes y Argelia.
La infraestructura estaba en Marruecos
La organización desarticulada, asentada en Melilla, utilizaba un buque nodriza para los alijos, meticulosas medidas de seguridad y un amplio grupo de empresas que podrían dedicarse a blanquear los fondos recaudados con su actividad ilícita.
Además, la red había asentado en Marruecos su propia infraestructura encargando a personas afincadas en el reino alauita de la adquisición, embalaje, carga y organización de la salida del estupefaciente.
Su 'modus operandi' consistía en utilizar buques nodriza donde cargaban la totalidad del alijo para después transferir en alta mar cantidades de droga menores a diversas embarcaciones de recreo o pesqueros para que entraran directamente en el puerto o se aproximaran a la costa sin levantar sospechas.
El cabecilla de la red organizaba los desembarcos de hachís y su frecuencia en función de los medios disponibles en cada momento y muy especialmente atendiendo al nivel de control policial ejercido en Marruecos y en España. Se dedicaba casi en exclusiva a negociar con los clientes de mayor entidad afincados en la Unión Europea, principalmente en Italia y Holanda, y evitaba tener contacto directo con quienes preparaban los alijos.
Para aparentar su desvinculación total con el resto de 'narcos', contaba con asesoramiento jurídico y con un entramado de personas físicas y jurídicas que le ayudaran a impedir establecer cualquier vínculo con el grupo.