Coín prohíbe el uso del 'burka' en los edificios públicos

Cuatro/CNN+ 28/06/2010 11:02

El Partido Popular, principal grupo de la oposición, ha apoyado la moción del Gobierno local, al igual que Alternativa Ciudadana Coineña, mientras que Izquierda Unida ha votado en contra y Agrupación Coineña se ha abstenido.

De la misma forma, en la moción, a petición de los 'populares', se ha incluido un punto en el que se insta al Gobierno central a que haya una regulación sobre el uso de los velos integrales en todo el territorio español.

La concejala de Igualdad y portavoz del PSOE, Inmaculada Agüera, ha precisado que esta medida no tiene una finalidad recaudatoria: "no se trata de una sanción para cobrar un dinero y ya está, se trata de llevar un ordenamiento dentro del civismo". Según señaló, en caso de incumplimiento de la propuesta, serán los servicios jurídicos del Consistorio los que decidirían cómo actuar.

El objetivo del equipo de gobierno, que cuenta con mayoría absoluta, es contar con una ordenanza que prohíba el uso del velo integral en equipamientos públicos (dependencias del Ayuntamiento y centros educativos, deportivos y de salud), quedando permitido su uso en la vía pública, ya que, como apuntó Agüera, "no tenemos la potestad" para impedir que lo lleven en la calle.

Una "barrera en la integración"

La edil socialista manifestó que estas prendas "ponen una barrera a la hora de que las mujeres musulmanas se integren en nuestra sociedad" y "esconden una posición de sumisión", a la vez que conllevan "una falta de seguridad al no poder identificar a las personas que las llevan, ya que tienen la cara tapada".

La corporación municipal de este municipio malagueño está formada, además, por el PP, que es el principal grupo de la oposición y que ha anunciado que apoyará la moción del Gobierno local; Izquierda Unida; Alternativa Ciudadana Coineña, y Agrupación Coineña.

El primer municipio fuera de Cataluña

Esta iniciativa de prohibir la utilización del velo integral en equipamientos municipales tuvo su origen en Cataluña, donde varios municipios ya han vetado su uso, entre ellos Barcelona, Tarragona, Lleida, la localidad tarraconense de El Vendrell y las barcelonesas de Manresa y L'Hospitalet de Llobregat.