La Comisión Permanente -integrada por Carlos Dívar, Almudena Lastra, Manuel Almenar, Margarita Robles y Antonio Dorado- se ha reunido por la tarde en la sede del Consejo en Madrid para analizar los últimos cinco informes que se habían solicitado para estudiar la petición del juez Garzón.
El magistrado solicitó permiso al máximo órgano de gobierno de los jueces para trasladarse a La Haya un día antes de que el juez del Tribunal Supremo Luciano Varela dictara el auto de apertura de juicio oral que le sentará en el banquillo por sus investigaciones del franquismo. Esta decisión del juez del Supremo llevó al CGPJ a convocar un Pleno extraordinario, en el que sus 21 miembros decidieron por unanimidad suspender cautelarmente a Garzón de sus funciones hasta que se resuelva esta causa.
Informe favorable de la Fiscalía
El Consejo General del Poder Judicial había recibido previamente el informe que había solicitado al Tribunal Supremo, que tras haber oído "in voce" a los instructores de las tres causas que se siguen contra Garzón, certifica que en ninguna de ellas "se han adoptado medidas cautelares que impidan la residencia fuera de España del mencionado magistrado".
El informe del Ministerio Público "informa favorablemente" de la solicitud de servicios especiales solicitada por Garzón para incorporarse como asesor del fiscal del TPI, al entender que este traslado resulta "materialmente irrelevante" a los efectos de la finalidad perseguida por la medida cautelar de suspensión, en cuanto la actividad para la que se requiere "no comporta el efectivo ejercicio de jurisdicción".
Tras recalcar que los hechos que se imputan a Garzón en el Tribunal Supremo en las causas sobre la Memoria Histórica, los cursos de Nueva York y las escuchas de la Gürtel no presentan, a su juicio, "caracteres de delito", la Fiscalía recuerda que únicamente la suspensión definitiva de un juez puede afectar a la situación administrativa en que se encuentre.
"Inocente", según el fiscal
La resolución, que lleva la firma del teniente fiscal del Supremo, Juan José Martín-Casallo, también destaca que no hay "obstáculo" para que el "magistrado suspenso" pueda pasar a la situación de servicios especiales en la medida en que ésta "no se oponga a la propia naturaleza cautelar o a la eficacia de la suspensión", sea por resultar "incompatible" con el "apartamiento efectivo" del magistrado o bien por "obstaculizar objetivamente el normal desenvolvimiento del proceso penal del que dicha suspensión trae causa".
En este sentido, la Fiscalía concluye que por "razones de coherencia" debe promover un criterio de interpretación normativa "especialmente restrictivo" en relación con todas aquellas medidas cautelares que, "aun no vulnerando ciertamente el principio de presunción de inocencia, determinen una limitación significativa y no absolutamente imprescindible de derechos de quien, más allá de tal presunción, ha sido considerado efectivamente inocente" por esta parte.
La Comisión Permanente estudia el traslado de Garzón
Estos dos informes se suman a los que ayer emitieron el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que considera "de interés" la presencia de Garzón en La Haya (Holanda), y la Fiscalía del propio Tribunal Penal Internacional, que defiende que la suspensión del juez no supone "ningún obstáculo" para el acceso del magistrado a un puesto de asesor en este departamento.
A falta del último informe, que debe ser elaborado por el propio órgano de gobierno de los jueces, la Comisión Permanente del CGPJ se reunirá esta tarde para estudiar los cinco documentos que ha recibido en las últimas horas y volver a estudiar la solicitud de traslado formulada por Garzón.