Qué pasa si alguien aparca en tu plaza de garaje: cómo proceder según la ley

Llegar a casa después de un largo día y encontrar que tu plaza de garaje está ocupada por un vehículo desconocido es una situación de lo más frustrante, pero más común de lo que podría parecer. Más allá del simple inconveniente cotidiano, este acto constituye un problema legal, ya que la ocupación indebida de una plaza privada puede acarrear consecuencias penales y administrativas importantes.

¿Delito o simple infracción?

La primera cuestión a resolver es si esta acción constituye una infracción administrativa o un delito penal. Según el Código Penal español, específicamente en su artículo 245.2, “el que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada será castigado con una multa de tres a seis meses”. Aunque el Código no menciona expresamente las plazas de garaje, numerosas sentencias judiciales han interpretado que estas están comprendidas dentro de la categoría de inmueble.

Según Javier Vicente Pérez, abogado especializado en propiedad horizontal, “una plaza de garaje privada se considera propiedad privada igual que un inmueble cualquiera, por lo que su ocupación indebida puede ser denunciada por vía penal o civil dependiendo del contexto y la gravedad del caso”.

Sin embargo, no todas las ocupaciones tienen la misma consideración legal. Para que constituya delito, debe demostrarse una clara intención de permanencia o reiteración en la ocupación, generando un perjuicio evidente al titular de la plaza.

Primeros pasos: ¿qué hacer en el momento?

Lo primero que se recomienda desde asociaciones de consumidores y abogados expertos es documentar claramente la situación. Es fundamental tomar fotografías del vehículo infractor, en las que se pueda ver la matrícula, modelo, color y posición del mismo en la plaza ocupada.

El siguiente paso lógico es intentar resolver el conflicto de manera amistosa. Ya que en muchas ocasiones un simple aviso o nota en el parabrisas del coche puede ser suficiente para resolver el conflicto, sobre todo en casos puntuales o de carácter involuntario.

En el caso de que no sea posible identificar al infractor o este hace caso omiso, lo recomendable es informar inmediatamente al presidente de la comunidad o al administrador de fincas. Muchas comunidades de propietarios cuentan con protocolos específicos para estos casos, que pueden incluir desde notificaciones oficiales hasta la contratación de servicios privados de grúa.

Es importante aclarar que, al ser una propiedad privada, ni la policía municipal ni la grúa pública pueden intervenir para retirar el vehículo sin autorización judicial expresa. En casos más complejos, las comunidades pueden acudir a la vía civil para obtener una orden judicial que permita la retirada forzosa del vehículo.

En caso de que la plaza esté arrendada, el procedimiento es ligeramente distinto. La responsabilidad inicial recae en el propietario, por lo que es fundamental informar al dueño inmediatamente. El propietario podrá emprender las acciones legales necesarias y colaborar con el arrendatario para solucionar el problema.

Cómo presentar una denuncia formal

Si todos los pasos anteriores no resuelven la situación, la única vía viable es la denuncia formal. Según la Guardia Civil y la Policía Nacional, el propietario afectado puede presentar una denuncia por delito de usurpación o apropiación indebida. Para ello, deberá acudir a comisaría aportando toda la documentación posible (fotos, testimonios de vecinos, contrato o escritura que acredite la propiedad o el alquiler de la plaza).

Según establece la jurisprudencia reciente, los tribunales suelen exigir pruebas sólidas que demuestren el daño sufrido y la reiteración del comportamiento ilegal. Por tanto, es aconsejable mantener un registro detallado y organizado del incidente desde el inicio.

Multas y sanciones aplicables

Si el caso llega a los tribunales, las consecuencias para el infractor pueden incluir desde multas administrativas hasta sanciones penales más severas. La cuantía de la multa dependerá de la gravedad del daño causado, la reincidencia y la duración de la ocupación.

De acuerdo con la jurisprudencia, la multa penal establecida en el artículo 245 del Código Penal puede oscilar entre tres a seis meses de multa diaria, cuyo importe es fijado por el juez en función de las circunstancias económicas del condenado.

Con todo esto, el mal trago de encontrarse con un vehículo ajeno ocupando la propia plaza de garaje no solo es una situación molesta, sino también un problema legal con implicaciones notables. Frente a este conflicto, la ley española ofrece mecanismos claros para proteger los derechos del propietario. Es crucial proceder con calma, documentar cuidadosamente la situación y seguir los pasos adecuados para resolver el problema lo antes posible. Aunque lo ideal es encontrar soluciones amistosas, no hay que olvidar que la legislación está de parte del propietario, y que acudir a los tribunales es un recurso perfectamente legítimo en estos casos.