El Supremo pregunta al fiscal general si filtró el correo del novio de Ayuso: "No"
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha dicho este lunes que "no" se considera autor ni responsable de un presunto delito de revelación de secretos.
El fiscal Salto: "Me dijeron que el fiscal general del Estado no podía esperar"
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha dicho este lunes que "no" se considera autor ni responsable de un presunto delito de revelación de secretos en la supuesta filtración de un correo relacionado con la causa por fraude a Hacienda de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
La vista oral ha arrancado con la lectura por parte de la letrada de la administración de Justicia del auto de apertura de juicio, que el fiscal general, vestido con toga, ha seguido atento con un bolígrafo en la mano con el que ha tomado notas de manera recurrente.
Tras ello, el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, ha dado por comenzado el juicio y de inmediato ha preguntado al fiscal general: ¿Señor García Ortiz, se considera autor responsable de los delitos que se le imputan? "No", ha respondido el fiscal general desde el estrado, donde está sentado a la derecha de los abogados del Estado que le representan.
Señor García Ortiz, se considera autor responsable de los delitos que se le imputan? "No"
Acto seguido, ha dado comienzo la fase de cuestiones previas, en la que la acusación particular que ejerce la pareja de Díaz Ayuso, y otras acusaciones, han solicitado incorporar como prueba comunicaciones entre un periodista de la Cadena Ser y el abogado de González Amador que propuso el pacto, así como un artículo de El País.
También la Fiscalía, que pide la absolución, ha tomado la palabra para denunciar vulneraciones de derechos fundamentales, en concreto a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones y también a un juez imparcial, y ha presentado varios documentos, como la certificación de que el polémico correo continúa a día de hoy en la dirección genérica de la Fiscalía de Delitos Económicos.
Por su parte, la Abogacía del Estado, que también denuncia vulneración de derechos, ha presentado hasta siete cuestiones previas, entre ellas un dictamen pericial que concluye que no se puede determinar qué mensajes borró de su dispositivo el fiscal general el 16 de octubre -día en que se abrió la causa-.
También ha pedido incorporar tuits del jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, o un programa de radio que conecta la versión que este difundía con la información de El Mundo que atribuía a la Fiscalía la iniciativa del pacto, y no al revés.
García Ortiz está acusado de filtrar el correo en el que, el 2 de febrero de 2024, la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ofrecía al fiscal Julián Salto un pacto por el que reconocía en nombre de su cliente dos delitos contra Hacienda en busca de una rebaja en su petición de condena. Este empresario continúa procesado por estos hechos.
García Ortiz se enfrenta a entre 4 y 6 años de cárcel
Para García Ortiz las acusaciones -la particular de González Amador y seis populares- solicitan entre 4 y 6 años de cárcel y hasta 12 de inhabilitación, mientras que la Fiscalía defiende que no hay delito y, como la Abogacía del Estado, pide la absolución.
La Abogacía del Estado ha denunciado este lunes la vulneración de todo un conjunto de derechos del fiscal general del Estado dentro de un "proceso injusto" que le ha sentado en el banquillo tras una "instrucción inquisitiva" en busca de pruebas para intentar demostrar que filtró un correo del novio de Isabel Díaz Ayuso.
Quien fuese abogada general del Estado, Consuelo Castro, ha tomado la palabra en la primera jornada del juicio que acoge el Tribunal Supremo para pedir la nulidad de diligencias clave en la causa que ha acabado sentando en el banquillo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos.
Sentado a su derecha y vestido con toga escuchaba el fiscal general, que afronta peticiones de entre 4 y 6 años de cárcel y hasta 12 de inhabilitación por la presunta filtración de un correo en el que el abogado de Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso, asumía en su nombre la comisión de un fraude a Hacienda.
En una dura intervención, Castro ha denunciado que el juez Ángel Hurtado inició las pesquisas "con la idea preconcebida de que el investigado era culpable" y, con un "constante vaivén" en su actuación, buscó pruebas "incriminatorias" y "prejuiciosas" en su contra que, incluso, "hicieran aflorar otras conductas delictivas" de las que no hay indicios, como que el fiscal general respondía a "consignas políticas".
Ha sido, según Castro, una instrucción "inquisitiva" con una "valoración selectiva de la prueba" en la que no se han tenido en cuenta otras hipótesis y que ha dado lugar a "un proceso injusto" en el que el fiscal general "no ha podido defenderse en las condiciones exigibles".
Toda esta actuación, ha expuesto, es motivo suficiente para expulsar del procedimiento todo el material intervenido a García Ortiz en el registro inédito del 30 de octubre de 2024 a su despacho y al de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez -para quien se archivó la causa-. Porque, ha subrayado la Abogacía del Estado, no se realizó "ni una sola diligencia de investigación antes de lanzarse a registrar el despacho del fiscal general" e incautar todos sus dispositivos, sin justificarlo el auto que lo habilitaba.
El juez "dio vía libre para copiar absolutamente toda la información" y la Guardia Civil clonó "todo el contenido íntegro" sin filtros. Con estas diligencias, ha lamentado la abogada del Estado, se puede conocer "casi todo": qué compra, qué lee, sus contactos, dónde está en cada momento o hasta su información bancaria.
Así, Consuelo Castro ha incidido, una por una, en todas las "constantes y patentes" vulneraciones de derechos al fiscal general, entre las que ha destacado las resoluciones del juez que dieron por hecho que García Ortiz borró intencionadamente todos sus mensajes el día que se abrió causa contra él, sin dar oportunidad a la defensa a "probar la naturaleza del borrado" con una prueba pericial que este lunes han vuelto a aportar.
La Fiscalía también insiste: los registros son nulos
También la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha cuestionado duramente el registro, no solo de García Ortiz, sino también de la fiscal Pilar Rodríguez, cuyo despacho "nunca debió ser allanado" porque no había indicios contra ella.
La fiscal ha argumentado que el auto que abrió causa contra García Ortiz "imposibilitaba" al instructor que acordase estas medidas y ha subrayado que todo lo relacionado con el registro es nulo.
Ha asegurado que "la Sala sabe que en este delito la información se suele proporcionar sin dejar rastro"; si bien el juez, "dando por hecho que se había cometido por vía telemática", entendió que "solo se podía investigar de esta manera", cuando a día de hoy la Fiscalía "está esperando" que se dé "un solo dato para decir que la filtración" fue "por medios informáticos o telemáticos".
El fiscal Salto: "Me dijeron que el fiscal general del Estado no podía esperar"
El fiscal Julián Salto, que investigó a Alberto González Amador -el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-- en la causa por delitos fiscales, ha sostenido que la orden de sus superiores para que informara de este asunto fue "legal", aunque ha admitido que no le pareció que el caso tuviera "enjundia" porque era "un fraude más".
Salto se ha mostrado seguro de que fue "una orden legal", por cuanto se trataba de un asunto de relevancia mediática, si bien ha admitido que, al principio, el 7 de marzo, cuando por primera vez sus superiores le pidieron que les informara, enviando una serie de documentación sobre la causa contra González Amador, no le pareció "un asunto de mucha enjundia" porque "parecía un fraude fiscal más".
De hecho, ha detallado que al día siguiente se dirigió a su jefa en la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid, Virna Alonso, preguntando "a qué viene ese interés". Entonces, le explicaron que el administrador de la empresa investigada tenía "una relación sentimental" con Díaz Ayuso. "Yo lo desconocía", ha contestado.
Interrogado directamente sobre si le dieron instrucciones para no llegar al acuerdo que se estaba ofreciendo la defensa de González Amador, ha respondido tajante: "Nadie me ha dado una indicación de que no se pudiese llegar a una conformidad".
Sobre las informaciones que se publicaron la noche del 13 de marzo en ese sentido, ha dicho que "no solo es mentira", sino que "es una campaña de desinformación de 20 meses".
Además, ha querido precisar que nunca ha tomado la iniciativa de pactar. "En ningún asunto, en mis 20 años de carrera profesional, he escrito o me he puesto en contacto con la defensa de ningún investigado para ofrecer una conformidad". "No es mi obligación ni mi deber", ha zanjado.
Con la misma contundencia, se ha quejado de que sus conversaciones por correo electrónico con Carlos Neira, abogado de González Amador en la causa por fraude fiscal, estuvieran en manos de Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Díaz Ayuso. "Yo pensaba (...) que eran únicamente privados".
Asimismo, ha puesto de manifiesto que la primera persona que le llamó para preguntarle sobre las negociaciones de conformidad fue, sobre las 21:26 del 13 de marzo, la jefa de la Fiscalía Superior de Madrid, Almudena Lastra, a la que trasladó que estaba en un partido de fútbol en el estadio Metropolitano. Ella le dijo que el asunto podía esperar al día siguiente, ha precisado.
Posteriormente, ha relatado, le contactó la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que primero le dijo que podía esperar a que terminara el partido, pero que después le volvió a llamar: "Tiene que ser ahora porque el fiscal general no puede esperar". Así las cosas, ha dicho que, al filo de las 22:00, les reenvió a ambas la cadena de correos electrónicos con Neira y que, tras ello, volvió a llamar a Lastra por teléfono para quejarse de que sus dos superiores le estaban dando "órdenes contradictorias".
La fiscal jefe de Madrid niega "clandestinidad" al pedir los correos del novio de Ayuso
La fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, ha asegurado que no hubo "ninguna clandestinidad" a la hora de pedir el 13 de marzo de 2024 a un subordinado los correos que se intercambió con el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, sino que era un proceso de dación de cuentas activado seis días antes.
Rodríguez ha testificado este lunes en el juicio que sienta en el banquillo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración de uno de estos correos, unos hechos por los que ella estuvo también a punto de ser acusada, hasta que el Tribunal Supremo archivó la causa para ella.
La fiscal jefe fue quien, a petición del fiscal general, solicitó el 13 de marzo los correos que el fiscal Julián Salto se cruzó con el abogado de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, después de que este propusiese una conformidad por la que reconocía que su cliente cometió dos delitos. "Le pido los correos porque los pide el fiscal general del Estado para saber qué había sucedido, toda vez que se estaba tergiversando un correo de manera absolutamente falsa, indicando que la Fiscalía había propuesto una conformidad", ha explicado Rodríguez.
Le pido los correos porque los pide el fiscal general del Estado para saber qué había sucedido, toda vez que se estaba tergiversando un correo de manera absolutamente falsa, indicando que la Fiscalía había propuesto una conformidad
Pidió los correos en base a una dación de cuentas "absolutamente documentada" e iniciada días antes, y ha asegurado que no le sorprendió "nada" que García Ortiz le pidiese que se los reenviase a una cuenta personal de Gmail porque "no va a salir nada de la institución" y se lo estaba reclamando el fiscal general.
Rodríguez ha negado algunas afirmaciones que Lastra hizo en su declaración ante el juez, como que, al enviar esos correos, le advirtiese de que los iban a filtrar, y ha mostrado dureza ante un comentario que la fiscal superior le hizo en una reunión el 12 de marzo, tras la publicación en 'eldiario.es' de la denuncia a González Amador. "Esos lo han filtrado", le dijo Lastra con un enfado "mayúsculo" y con "esos" -ha explicado Rodríguez- se refería "de manera muy despectiva" a la Fiscalía General del Estado. La fiscal jefe, ha añadido, no hizo comentarios porque fue una "suposición" sin argumentos.
Rodríguez ha mostrado su extrañeza por que desde el 7 de marzo que se activó la dación de cuentas hasta el 14, la Fiscalía de la Comunidad de Madrid no diese información sobre el caso, algo que no suele ser habitual, y también ha confesado que le "sorprendió" que el jefe de prensa no conociese dos días antes el procedimiento, cuando ella había dado cuenta a la fiscal superior la semana anterior.
A Pilar Rodríguez las acusaciones le han preguntado por muchos de sus mensajes que se revelaron tras el clonado de sus dispositivos, como uno en el que ironizaba con que daban "ganas de poner cianuro" en la nota de prensa que dio la Fiscalía el 14 de marzo.
Con dureza, la fiscal jefe ha lamentado que se siga indicando que lo que dijo fue que había que poner "un poquito más de cianuro". "Más es un adverbio que hace mucho daño (...) Lo puso ahí el señor Hurtado", ha señalado en alusión al juez instructor, y ha lamentado las "inventivas" que tuvo que soportar, también de Isabel Díaz Ayuso, poniendo "en solfa" su imparcialidad por haber trabajado en el Ministerio de Justicia en la época de José Luis Rodríguez Zapatero.
La fiscal superior de Madrid apunta a García Ortiz: Le dije, "¿Has filtrado los correos?"
La fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, ha revelado que se encaró con el fiscal general, Álvaro García Ortiz, cuando le preguntó, "¿Has filtrado los correos?", a lo que este le respondió que "eso ahora no importa", pero "a mí eso sí que me importaba; se me quedó grabado en el alma".
Así, la mañana del 14 de marzo de 2024, cuando ya se había publicado el contenido de los correos que se investigan, el fiscal general le llamó por teléfono cuando ella iba en el coche.
Ahora bien, ha atribuido a un lapsus que en la instrucción se refiriera a la nota de prensa y no a los correos, cuando le preguntó al fiscal general, quien, según ella, no negó en ningún momento que hubiera filtrado esos correos.
Lastra ha explicado que en esa misma conversación en la que García Ortiz le apremiaba a sacar la nota de prensa sobre el caso de González Amador, la fiscal le pidió tiempo para revisarla.
Aunque poco después, tras otra llamada del fiscal general, le precisó que si ya había consensuado la nota con Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, "no tenía inconveniente" en que su jefe de prensa enviara la nota con el membrete de la Fiscalía Provincial, dado que ella "no asumía el contenido de esa nota".
Lastra ha asegurado que "hubiera bastado con señalar que la información publicada por 'El Mundo' (la noche previa, en la que decía que la Fiscalía había ofrecido un pacto a la pareja de Ayuso, cuando era al contrario) era falsa".
"Ese es el procedimiento habitual, decir que no se ha dado ninguna instrucción para que se retire el fiscal del caso, y con eso se hubiera desmentido la noticia", ha declarado la fiscal. "No creo que sea nuestro papel desvelar la estrategia de defensa de nadie".
Lastra ha relatado que no solo se enfadó con el fiscal general por los correos, sino también con la fiscal provincial la noche del día 13, después de que el fiscal del caso Julián Salto remitiera a ambas los correos que se investigan en la causa sobre la conformidad que ofreció a la fiscalía el abogado del novio de Ayuso.
"Le dije, 'Acabo de hablar con Julián y me ha dicho que nos ha mandado los correos', y me dijo, 'Sí, sí, ya se los he enviado al fiscal general'. Y me quedé pasmada", ha apuntado, tras lo cual le reprochó, "Para qué pasas los correos, ¡los van filtrar!", una frase que, según ella, le dijo "literalmente".
Sin embargo, unos minutos antes, la fiscal provincial ha negado en su testifical ante el tribunal que la fiscal superior le dijera eso: "No, conversaciones de filtraciones con Lastra no tengo".
La fiscal ha explicado, por otra parte, que cuando tuvo conocimiento de la publicación el 12 de marzo de 2024 de la noticia de 'El Diario' sobre el fraude fiscal de González Amador, ella le dijo a su jefe de prensa que "de esto no hablamos".
Es más, para justificar por qué no dio publicidad ni informó de este caso desde que le llegó la dación de cuentas el 7 de marzo ha dicho: "Nosotros damos la nota de prensa cuando afecta a la personalidad; cuando afecta a la vida familiar de las personas, creo que no tenemos que dar una nota de prensa, y por eso yo, a Íñigo (su jefe de prensa), no le dije nada, porque era un señor particular".
"Si yo conduzco borracha, soy noticia; si mi hijo conduce borracho, no es noticia", ha puesto como ejemplo.
Por otra parte, ha aseverado que no existe una "obligación de borrar nada" en los dispositivos móviles, pues solo existe "una recomendación" de borrar correos por razones de capacidad de las cuentas, no de seguridad, como sí alegó el fiscal general en la instrucción.
Calendario del juicio
Esta semana y la siguiente se va a dilucidar si el Fiscal General del estado reveló datos secretos de la pareja de Ayuso, en concreto la carta pidiendo un pacto con la fiscalía a cambio de reconocer dos delitos fiscales. Este es el calendario:
3 nov: fiscales y responsables de prensa de la fiscalía
4 nov: Miguel Ángel Rodríguez y Alberto González Amador
5 nov: Juan Lobato y Pilar Sánchez Acera.
11 nov: Periodistas.
12 nov: UCO y fiscal general.
13 nov: Cierre del juicio.