El instructor del 'caso Gürtel' en Madrid, Antonio Pedreira, dictó el pasado 3 de agosto una providencia en la que requirió a la Generalitat valenciana la relación de pagos y contratos con trece empresas relacionadas con Francisco Correa.
La petición se refiere a los expedientes completos de contratación, facturas o cualquier tipo de contrato celebrado desde 1998 entre esa administración o alguna de las agencias u organismos pertenecientes a la Generalitat, o en su caso certificación negativa, con trece empresas de Correa.
El requerimiento se produce a instancias de la Fiscalía Anticorrupción para hacer efectivo la petición que realizó el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón antes de que se inhibiera a favor de los Tribunales Superior de Justicia de Madrid y de Valencia para que asumieran la investigación del 'caso Gürtel' al implicar a aforados del PP madrileños y valencianos.
En la nota, el TSJM insiste en que esta solicitud "en modo alguno" obedece al deseo del juez de investigar las relaciones entre el Gobierno de Francisco Camps y Correa, sino "al interés de conocer las actividades de estas empresas, toda vez que su ámbito de actuación es o era nacional".