Desde el 1 de septiembre los inmigrantes ilegales se quedarán sin derecho a la atención sanitaria salvo que paguen 710 euros al año. El ministerio puntualiza que si serán atendidos de urgencia y siempre las embarazadas y menores. Los médicos de familia llaman a la objeción de conciencia.
Los inmigrantes ilegales en España deberán pagar unos 59 euros al mes -710 al año- a partir del 1 de septiembre si quieren tener derecho a la asistencia sanitaria. Si tienen más de 65 años la cantidad asciende a 1.864 euros anuales.
Además, según la nueva legislación, los inmigrantes deberán llevar empadronados al menos un año en España. El ministerio de Sanidad puntualiza que los sin papeles serán siempre atendidos de urgencia y que las embarazadas y los menores no perderán su tarjeta sanitaria y podrán usar el sistema de salud como cualquier otro ciudadano.
El texto está siendo debatido por las Comunidades Autónomas. Algunas, como el País Vasco ya lo han calificado este sistema de inconstitucional. El Gobierno vasco ha dado el visto bueno a un decreto por el que mantendrá la atención sanitaria universal en su territorio y no impondrá copago en las recetas de medicamentos.
Los médicos de familia han hecho un llamamiento a la objeción de conciencia. Consideran que negar la atención a un paciente no es ético y tampoco hace más sostenible el sistema.