La retención policial no existía, hasta ahora. La nueva ley de seguridad ciudadana da nombre a la inmovilización policial y el traslado a comisaría sin que se lean los derechos ni estar presente un abogado. El Gobierno quería colarlo en la ley con una única obligación: que la Policía fuera diligente en el trámite. Pero el Consejo de Estado recomienda que esa investigación o sanción tenga un límite de seis horas. El Consejo recomienda a Interior que defina quién son alborotadores públicos, para diferenciar los que llevan pancarta de los que tiran piedras, porque puede ocasionar abusos policiales. Sin embargo, avala que los identificados queden registrados en un libro, y que eso se use judicialmente como los antecedentes policiales. El PSOE considera todo el proyecto tan represivo que pide que sea retirado.