La operación fue llevada a cabo el pasado 22 de mayo como consecuencia de los controles efectuados en diversos establecimientos de alterne, en los que se identificó a un total de 25 mujeres, 18 de ellas posibles víctimas de explotación sexual, procedentes, en su mayoría, de países sudamericanos y del este de Europa.
Las investigaciones se incluyen dentro del marco del plan policial contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual y se ha saldado con la detención de siete personas por estancia irregular. Dos de ellas contaban con resoluciones de expulsión en vigor, por lo que se procedió a incoar los oportunos expedientes sanción y de expulsión, que se materializaron seguidamente.
Dentro del mismo marco policial, la madrugada del viernes se inspeccionaron dos clubes de alterne en la comarca del Bierzo y en la operación se la identificaron once mujeres de distintas nacionalidades, potenciales víctimas de la prostitución en los mismos. También se procedió a identificar a los responsables y a los camareros de los locales.
Una de las personas identificadas se encontraba en situación irregular en España, por lo que se acordó su salida obligatoria.
SIN PAPELES TRABAJANDO EN RESTAURANTES
Dentro del mismo marco de colaboración existente entre las diferentes administraciones públicas en la lucha contra el empleo irregular, asimismo se han realizado inspecciones en dos restaurantes de la provincia de León.
Así, se identificó a tres personas, dos extranjeros y un español que se encontraban trabajando en los locales como camareros y cocineros, procediéndose a la detención de uno de los extranjeros por encontrarse en situación de estancia irregular ya que carecía de autorización de residencia o trabajo, por lo que se ha incoado el oportuno expediente sancionador de expulsión.
Asimismo fueron identificados en un bar de Ponferrada cuatro personas extranjeras y una española, confirmando que una de aquellas se encontraba en situación irregular en España, por lo que se procedió a su detención y traslado a comisaría para la incoación del correspondiente expediente administrativo de expulsión, que una vez finalizado será remitido a la Subdelegación del Gobierno en León para su resolución.