En la carta, los padres denuncian que la Junta de Andalucía solo “se ha oído a los padres del menor y en ningún momento se ha consultado con el resto de padres de una comunidad educativa compuesta por más de 800 familiares”.
Los padres y madres del centro explican que se han enterado, por los medios de comunicación, de que la Junta de Andalucía ha accedido a la petición de los padres de un alumno del centro para que su hijo acuda a clase con el uniforme de niña y para que aparezca en los documentos del centro por la forma femenina del nombre.
Los firmantes aseguran que el niño es muy querido por todos y que rechazan “cualquier tipo de discriminación” pero no están dispuestos a que se utilice a sus hijos como “conejillos de indias para experimentos de integración no suficientemente avalados por informes médicos, psicológicos o judiciales”.
“La insistencia de la familia en que el menor acuda en falda al centro nos parece, más que una búsqueda de integración y normalización”, continúa la misiva, “un interés por llamar la atención contrario a la convivencia”.
En la misiva, los padres consideran que si aceptan “la opción de los padres por feminizar al niño lo más posible podríamos estar apoyando implícitamente una actitud negativa para el menor de la que no queremos ser cómplices”.
"CHANTAJE EMOCIONAL"
Los padres critican que no existen ningún informe psicológico ni psiquiátrico que avale esta decisión, aseguran que el caso se ha planteado “por la vía del chantaje emocional” y que se reservan el derecho de emprender acciones legales si “la obligatoriedad de la medida supone algún problema” para el resto de los alumnos.
La Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía tomará medidas si el colegio San Patricio, perteneciente a la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria, que depende del Obispado, no atiende los requerimientos para que se respete la identidad de género del menor transexual.