El manifiesto, que ya fue entregado a representantes de todos los grupos parlamentarios en el Congreso y al Consejo General del Poder Judicial, expone la preocupación de las entidades por el fondo, cruzar "la línea roja" de los Derechos Humanos, la legislación española y todos los tratados internacionales, y la forma, hacerlo mediante una enmienda a la Ley de Seguridad Ciudadana sin informe de los órganos preceptivos.
"A pesar del intento del Partido Popular de matizar ahora su enmienda para legalizar las devoluciones _alegando que el rechazo en frontera, solo se llevará a cabo cuando "intenten superar, en grupo, los elementos de contención fronterizos"_, la inseguridad jurídica que genera la imposibilidad de que estas personas tengan acceso a un procedimiento no va a generar más que arbitrariedad en la aplicación de la normativa", exponen.