Así lo ha dado a conocer en rueda de prensa el vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, quien ha explicado que la Junta podrá ejercer el derecho de compra preferente sobre vivienda o edificios que sean objeto de ejecución hipotecaria o de compensación y pago de deuda con garantía hipotecaria.
"Con la figura del retracto tenemos como principal objetivo la obtención de viviendas para el alquiler social, con el fin de dar una solución a las familias que hayan sido privadas de su casa como consecuencia de un proceso de desahucio", ha señalado el vicepresidente de la Junta.
Ha insistido en que la administración andaluza persigue un "triple objetivo": facilitar la permanencia de las familias afectadas en la vivienda, incrementar el parque público residencial de la Junta vinculado a las políticas sociales y asegurar una oferta suficiente de viviendas en manos de la administración dirigidas a personas con especiales dificultades y vulnerabilidad.
Jiménez Barrios ha señalado también que la citada normativa se anclará en la aprobación del Plan Autonómico de Vivienda, que se encuentra ya en su última fase de tramitación, y que, según sus cálculos, estará aprobado "en no más de tres meses".