Según ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la Sección 10 de la Audiencia ha estimado el recurso de apelación de la extenista contra la decisión del Juzgado de Instrucción 28 de Barcelona de archivar la causa al considerar que no había "indicios de criminalidad" para imputar a los querellados.
La Audiencia cree que este archivo se produjo sin haberse hecho suficientes diligencias en la instrucción que permitieran saber la "suficiencia o no" de indicios de criminalidad, por lo que ha citado a los querellados a declarar como imputados.
Para el Alto Tribunal catalán, el archivo del juzgado de Instrucción fue "incorrecto", ya que la ley reserva este procedimiento para los casos en que no haya indicios suficientes de la perpetración del delito o cuando se desconozca el autor y, en este caso, los supuestos culpables están perfectamente identificados con nombre, apellido y domicilio.
También ha criticado que el juzgado aceptara una alegación de Castellanos con prueba documental adjunta con la que probar su inocencia, sin posibilidad de que la extenista pudiera replicar: "Si se opta por inadmitir a trámite la querella, no se puede, al mismo tiempo, aceptar que uno de los querellados presente alegaciones".
CUENTAS EN EL EXTRANJERO
Además, afirma que el criterio de territorialidad en el lugar donde se cometió el supuesto delito "es preferente a cualquier otro", por lo que, aunque las cuentas bancarias estaban en Andorra, Luxemburgo y Suiza, los movimientos bancarios se ordenaron desde Barcelona.
"No se puede confundir la consumación de la conducta punible, con el lugar y el momento del enriquecimiento injusto", indica el escrito, que reafirma que el lugar en el que dieron las órdenes de reintegros y transferencias fue Barcelona.
EL CONFLICTO CON LOS IMPUTADOS
Sánchez Vicario dejó en manos de su padre y Castellanos la administración y gestión de las empresas que había creado con su patrimonio y los "elevados beneficios" fruto de su carrera profesional desde que tenía 14 años, explica la interlocutoria.
Ella había otorgado poderes notariales a su padre y al que era el abogado de la familia por la "lógica confianza" que tenía en ellos, pero en 2005 recibió una sanción administrativa por una liquidación incorrecta del IRPF de 5.250.000 millones de euros, por lo que decidió encargar una auditoría interna de las sociedades de las que ella era la accionista mayoritaria.
Según el relato de los hechos, la auditoría permitió constatar la existencia de "numerosas órdenes" de reintegro de fondos en efectivo y transferencias bancarias emitidas por su padre, hermano, el abogado y un economista, por un importe de más de 16 millones de euros.
Sánchez Vicario remitió los poderes notariales para asumirlos ella misma y, tras el "silencio" de los cuatro imputados a las explicaciones que les pidió, interpuso una querella ante el juzgado de instrucción de Barcelona.