El principal investigado confeccionaba y tramitaba contratos de trabajo fraudulentos orientados presuntamente a conseguir prestaciones y subsidios de desempleo o regularizaciones administrativas de ciudadanos extranjeros en España, han indicado desde la Policía Nacional a través de un comunicado.
Las pesquisas se han centrado en nueve empresas, tanto ficticias, como legalmente establecidas. Entre los implicados está el titular de una asesoría --autorizado RED de las empresas investigadas--, empresarios, personas que obtuvieron fraudulentamente prestaciones o subsidios y ciudadanos extranjeros que regularizaron, también gracias al fraude, su situación administrativa en España.
Las investigaciones comenzaron hace nueve meses, al ser detectadas varias empresas sospechosas en Málaga. Tras un estudio detallado de la documentación proporcionada por el Servicio Provincial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se pudo determinar el carácter fraudulento de las nueve empresas investigadas.
FALSOS TRABAJADORES
Según las investigaciones, que aún continúan abiertas, el titular de la gestoría --autorizado RED de las mercantiles investigadas-- se aprovechaba de sus conocimientos en el ámbito laboral para, en connivencia con los empresarios investigados, tramitar contratos laborales a través de empresas ficticias sin actividad real o de sociedades cuyo número de trabajadores difería de la realidad.
Así, los supuestos trabajadores conseguían acumular los mínimos periodos de carencia exigidos para acceder a prestaciones públicas del Sistema de Seguridad Social. Igualmente, mediante la utilización de los falsos contratos, lograban la obtención o renovación de autorizaciones de residencia y trabajo para ciudadanos extranjeros, han precisado.
Las empresas investigadas habían generado una deuda con el organismo de Régimen General de la Seguridad Social de más de 569.000 euros, han informado desde la Policía Nacional, apuntando que las prestaciones fraudulentas obtenidas por subsidio o desempleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) son de 534.613 euros, con lo que el total del supuesto fraude asciende a más de 1.105.500 euros.