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Los clientes de esta red fraudulenta eran presos que querían conseguir el tercer grado gracias a los contratos de trabajo falsos, inmigrantes que pretendían regularizar su situación o personas que trataban de cobrar el paro. En total la Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a 422 personas en toda España. El presunto líder de la organización es un empresario de la construcción de Jerez de la Frontera (Cádiz). Contrataba a toxicómanos y los ponía al frente de las empresas fantasma. Llegó a crear diez. Su fallo fue no pensar en la gran cantidad de antecedentes penales de los toxicómanos. La Guardia Civil cruzó los datos con los de la Seguridad Social y comenzó a investigar. El agujero que han originado en la administración asciende a 2.600.000 euros.