Las mismas están fechadas entre febrero y abril de 2013 y en ellas no aparece su nombre en los correspondientes boletines de denuncia que, sin embargo, firmó en lugar de los compañeros que figuraban en ellos como denunciantes o testigos. Todo ello con ánimo de venganza y poder perjudicarla.
Según reza en la sentencia del alto tribunal, el mismo no ha admitido el recurso de casación interpuesto por el agente y lo condena por un delito continuado de falsedad documental a la pena de cárcel y al pago de una multa superior a 3.600 euros, a razón de seis euros diarios durante 20 meses.
A su vez, le impone la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante cinco años en su condición de funcionario perteneciente al cuerpo de la Guardia Civil, con privación definitiva de este empleo e incapacidad para obtener este u otros análogos durante el tiempo de la condena.
Pago de indemnización
Del mismo modo, lo condena al pago de costas procesales y a la indemnización de 200 euros a su expareja y de 100 al hermano de ésta. El Supremo considera aprobado que el agente condenado había tenido relación con su expareja de la que nació una hija, menor que obtuvo filiación legal a instancia de su progenitora en procedimiento judicial, así como posteriormente en otra causa una sentencia favorable en reclamación de alimentos que fijó una pensión a cargo de este hombre.
De aquellas circunstancias se derivó una relación de enemistad entre el agente y su expareja, motivo por el que, con ánimo de venganza y para causarle perjuicio a ella y a su entorno, éste se sirvió de su trabajo como funcionario público para poner en marcha distintas denuncias en su contra y su círculo familiar.
Tras el fallo del Supremo la sentencia ya es firme al desestimar el recurso de casación interpuesto por el acusado que alegó, entre otras cuestiones, vulneración de la presunción de inocencia.