La Sala de lo Penal ha confirmado la condena a T. M. por tres delitos de abusos de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y un delito de agresión sexual que impuso la Audiencia Provincial de Cáceres el 25 de mayo de 2012.
El alto tribunal también mantiene la indemnización de 28.000 euros que el acusado deberá pagar a las tres perjudicadas y le impone doce años de inhabilitación absoluta. Solo estima parcialmente su recurso a la hora de suprimir su clasificación en tercer grado cuando cumpla la mitad de la pena impuesta.
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Andrés Martínez Arrieta, considera probado que el acusado, que ocupó el mencionado cargo desde 1983 hasta 2010, se dedicaba a recibir a las peticionarias de empleo y cursos formativos y participó en muchas ocasiones en tribunales de entrevistas.
Entre 2006 y 2010 acosó a tres mujeres que acudieron a la oficina a solicitar empleo, donde las pidió el teléfono móvil para después llamarlas en múltiples ocasiones, esperarlas en sus lugares de trabajo o residencia o hacerlas solicitudes de indudable contenido sexual. A una de las denunciantes, la llegó a conducir a un descampado para efectuarle tocamientos.