"No mezclamos una cosa con la otra. Los Presupuestos hablan de economía, de dotación presupuestaria, y hay leyes que no cuestan ningún duro. Cambiar la ley electoral no tiene coste económico, es una voluntad política, pero son PP y PSOE los que tienen que sumar, porque solo con el PP tampoco la sacamos", ha manifestado en una rueda de prensa celebrada este viernes en el Congreso.
Apoyándose en la necesidad de sumar otros partidos para alcanzar una mayoría cualificada, el líder de Ciudadanos ha argumentado que su formación únicamente condicionará el apoyo de las cuentas a que se incluyan las partidas, por valor de unos 8.300 millones de euros, pactadas con el Gobierno el pasado mes de septiembre.
En este sentido, ha asegurado que Ciudadanos "va a ser exigente y vigilante" con este acuerdo, y que solo apoyarán unas nuevas cuentas si el Gobierno "cumple" con sus "partidas naranjas". Respecto a la reunión mantenida este jueves con el presidente en La Moncloa, Rivera ha dicho que el Gobierno se comprometió a informar de los acuerdos alcanzados con otras formaciones "y cómo afecta al Presupuesto ya pactado".
ESPERA QUE 2018 SEA EL AÑO DEL "ALIVIO FISCAL"
En una rueda de prensa convocada para hacer balance del año político y anticipar qué espera de 2018, el líder de Ciudadanos ha destacado, como aportación propia, el "giro en política fiscal" comprometido, en virtud a las exenciones en el IRPF pactadas para los próximos Presupuestos, y a las recogidas en las cuentas de otras comunidades autónomas.
"Nos parece fundamental que este sea el año del alivio fiscal", ha subrayado Rivera, que también ha celebrado acuerdos como el del complemento salarial para jóvenes con contrato de formación o el aumento de otra semana más en los permisos de paternidad, ambos vinculados a que se aprueben los Presupuestos.
Entre las leyes que quedan pendientes y que el presidente de Ciudadanos espera ver aprobadas en el próximo curso político, dentro de ese "giro de políticas naranjas sociales y económicas, ha citado la regulación de la gestación subrogada, el pacto educativo y la ley para garantizar la independencia de los reguladores.