La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se ha reunido a puerta cerrada para estudiar si imputa al ex ministro de Defensa Federico Trillo por la contratación del avión Yakovlev-42, que se estrelló el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía) causando la muerte de 62 militares españoles que regresaban de una misión en Afganistán.
No obstante, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha opuestoa la petición de las familias de las 62 víctimas de imputar a más personas, entre ellas el ex ministro de Defensa Federico Trillo. El diputado socialista Antonio Hernando ha apelado a la "dignidad" del diputado popular y ex ministro ante la ratificación de condenas del caso Yak-42, y le ha preguntado si, ahora que sus subordinados asumen responsabilidades penales, él asumirá su responsabilidad política.
En la vista se ha analizado conjuntamente dos recursos presentados por familiares afectados por el accidente. Por un lado, el de la Asociación de Familiares del Accidente de Turquía Yak-42 (AFATY), que solicita la imputación del actual coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y comisión por omisión de homicidio con resultado de muerte.
Esta petición se ha estudiado junto con el recurso de apelación presentado por un segundo grupo de víctimas, a las que representa el abogado Leopoldo Torres, contra el auto dictado el 20 de junio de 2008 por el instructor del caso, el juez Fernando Grande-Marlaska, que rechazó ampliar el número de imputados más allá de los cinco mandos militares que están acusados desde el comienzo de la instrucción.
El Supremo decidió no imputarle
En mayo de 2008, Grande-Marlaska se remitió al Tribunal Supremo para que se pronunciara sobre la posible imputación de Trillo en esta causa, dada su condición de aforado en las Cortes Generales. La Sala Segunda le respondió que la petición no resultaba "procesalmente necesaria" debido a la falta de indicios de responsabilidad penal invocados por el instructor.
Además de Trillo, la principal asociación de familiares de las víctimas solicitó la imputación de todos los responsables de la cúpula militar en el momento de la tragedia, entre los que se encontraban el entonces jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general de Ejército Luis Alejandre Sintes; el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMA), general del Aire Eduardo González Gallarza; y el teniente general del Aire José Antonio Beltrán Doña, que fue imputado en la causa sobre las identificaciones.
Por su parte, el grupo de familiares representado por Leopoldo Torres pidió la imputación de 13 militares y civiles por un presunto delito de homicidio por omisión. Además de los tres mandos militares citados por la otra asociación, esta parte solicitó en encausamiento de los tenientes generales Angel Guinea, Manuel Estellés, Carlos Gómez Arruche y Juan Ortuño.
En la investigación sobre la contratación del Yak-42 se encuentran imputados cinco altos mandos militares en el momento en que se produjo la catástrofe, entre los que destacan el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá, a quien la Fiscalía atribuye "todas las competencias en cuanto al desarrollo de las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas"; y el jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de División Juan Luis Ibarreta, al que considera "responsable de la contratación" del aparato.
El magistrado también ve indicios de delito en la actuación del jefe de la División de Operaciones del EMACON y del Grupo de Control del Contrato, contraalmirante José Antonio Martínez; el coronel jefe de la Sección de Logística de la División de Operaciones de EMACON, Joaquín Yáñez; y el comandante de la Sección Logística de este departamento, Alfonso Elías Lorenzo.
Las víctimas recurrieron
El presidente de la Asociación de Familiares de Víctimas del Yak-42, Ángel Sencianes, ha apelado en declaraciones a los periodistas a la "madurez democrática" porque Trillo, ha dicho, "es un ciudadano más que ha tenido mucho que ver, porque él podría haber evitado 62 muertes". Los familiares, ha indicado, necesitan "celeridad y auxilio" de la Justicia porque "han pasado ya siete años y se van haciendo mayores".
Mientras, el abogado de la asociación, Leopoldo Gay, ha insistido en que la operación desplegada en Afganistán fue "objeto de tutela por parte de la cúpula del Ministerio", por lo que "sería impensable" que el departamento que entonces dirigía Federico Trillo no tuviera información sobre los informes que denunciaban "quejas o disfunciones" en el funcionamiento del Yak-42.