Ramírez Sunyer fue el juez que ordenó el registro el 20 de septiembre de las consellerias de Economía, Presidencia, Gobernación, Trabajo, Exteriores y el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI).
Esta acción fue la que desencadenó la importante protesta de unas 40.000 personas a las puertas de la de Economía.
Su investigación arrancó a raíz de denuncias de Vox y el abogado Miguel Durán por declaraciones vertidas en febrero de 2017 por el entonces senador de ERC y juez Santi Vidal, que aseguró que la Generalitat tenía los datos fiscales de los catalanes de forma ilegal y que tenían un listado de los jueces afines al proceso independentista.
Dedicación exclusiva
La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó el miércoles una nueva medida de refuerzo para el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, por lo que destinó a un nuevo magistrado para que se ocupara de todos los otros asuntos del Juzgado.
Esta medida iba a permitir que la instrucción del caso del 1-O fuese abordada en exclusiva por Ramírez Sunyer, que se iba a dedicar así a la instrucción de la causa contra exmiembros del Govern y otros cargos y empresas adjudicatarias por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, desobediencia y revelación de secretos.
Quedó liberado de celebrar juicios por delitos leves y su resolución, así como de la instrucción del resto de procedimientos, con el objetivo de que la instrucción del sumario sobre la logística del 1-O pudiera concluirse "en el plazo más breve posible por el mismo magistrado que la inició".
Sustitución
La magistrada de la Audiencia de Barcelona y portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) en Catalunya, Montserrat Comas, ha explicado que ahora el puesto del juez Ramírez Sunyer saldrá a concurso público, tras lo que se designará un nuevo magistrado.
En una entrevista del canal 3/24 recogida por Europa Press, Comas ha señalado que el juez sustituto deberá continuar la labor de Ramírez Sunyer, ya que la instrucción no está cerrada: "No sabemos qué decisiones se tomarán ahora respecto a si se abre o no un juicio oral, respecto de quién y de qué delitos", y ha añadido que será el nuevo juez quien asuma estas decisiones.
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