En concreto son 89 las organizaciones internacionales que se han sumado a las 134 españolas que ya han exigido que se acabe con esta práctica que supone, en palabras de Recav, "una grave violación de los derechos humanos y la dignidad de las mujeres y los menores, una forma de explotación reproductiva de las mujeres y convierte a los recién nacidos en objeto de transacción contractual y comercial".
En pocos días se han adherido a la petición de Recav organizaciones de Francia (28), Argentina (28), Reino Unido (6), Suecia (6), México (3), Italia (3), Australia (3), Estados Unidos (2), India (2), Bélgica, Alemania, Holanda, Canadá, Tailandia, Camboya, Perú y República Dominicana (una organización procedente de cada uno de estos estados).
"Pedimos a todos los jefes de Estado y de Gobierno participantes en la 73 sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas -que se celebra esta semana- que se pronuncien públicamente a favor de los derechos humanos de las mujeres y de la infancia y por la prohibición global del alquiler de vientres", indican las organizaciones en un comunicado.
A juicio de Recav, la ONU y dos de sus agencias (el Fondo de Población de Naciones Unidas y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos) están intentando "influir a gobiernos de todo el mundo, especialmente de países en desarrollo, para la legalización del alquiler de vientres".