El Tribunal Supremo ha dictado este jueves la resolución judicial del proceso soberanista en Cataluña con dos autos por el que los 18 líderes independentistas acusados acusados de delito de rebelión y malversación deberan sentarse en el banquillo en los próximos meses.

Entre ellos se encuentran el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras; la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell (solo imputada formalmente por el primero de los delitos); el expresidente de la Asociación Nacional Catalana Jordi Sànchez; el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart y los exconsellers Jordi Turull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Raül Romeva y Josep Rull.

También serán enjuiciados los exconsejeros Meritxell Borràs, Carles Mundó, Santi Vila, procesados por desobediencia y malversación, así como la expresidenta del grupo parlamentario CUP Mireia Boya y los que fueran miembros de la Mesa del Parlament Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, por el delito de desobediencia.

La Sala también ha confirmado el sobreseimiento de la causa respecto del expresidente de la Generalitat Artur Mas y la exdirigente de PdeCAT Marta Pascal y la expresidenta de la Asociación de Municipios Independentistas (AMI) Neus Lloveras. Además, se da un plazo de cinco días a la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por Vox para que presenten su escrito de calificación.

Quienes por el momento no serán juzgados son el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont; los exconsejeros Toni Comín, Meritexell Serret, Clara Ponsatí y Lluís Puig; la dirigente de ERC, Marta Rovira y la exportavoz de la CUP Anna Gabriel, ya que todos ellos se encuentra huidos. Se les someterá a un juicio diferente cuando sean puestos a disposición de la Justicia española.

En uno de estos autos, los magistrados han rechazado todas las diligencias de pruebas solicitadas por las distintas partes, que pedían que la causa volviera al juez instructor, Pablo Llarena y solicitaban que se analizara el Facebook de la secretaria judicial que estuvo presente en el registro de la Consejería de Economía de la Generalitat el 20 de septiembre de 2017 y que tuvo que salir por la azotea.