La Fiscalía Anticorrupción solicita para el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, una pena de dos años de prisión y una multa de 6.000 euros como autor de un supuesto delito continuado de falsedad en documento oficial.
El fiscal considera que Fabra, con el objeto de conseguir "el mayor número posible de autorizaciones" del Gobierno para la producción de productos fitosanitarios por parte de dos empresas en las que participaba su mujer, acordó con sus socios presentar documentación manipulada "si era preciso".
Esta manipulación significaba "la simulación de informes técnicos y la imitación de documentos supuestamente emitidos por laboratorios de India y China", y para simular esos papeles se fabricaron "sellos y cuños" que "fueron proporcionados" por Fabra.