El juez Castro les ha pedido a Urdangarin y Torres exactamente lo que les reclamaba la Fiscalía: 8 millones de euros para reparar el daño patrimonial hecho a las administraciones de Baleares y Valencia entre 2004 y 2006 por sus negocios.
El juez les acusa de falsedad, prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. En breve el duque y socio podrían sumar otros delitos contra la Hacienda Pública. Así, la petición de cárcel podría superar más de 12 años de cárcel.
Los dos tienen hasta el próximo miércoles para pagar la fianza de forma solidaria. En caso contrario se arriesgan al embargo de todos sus bienes.
Carlos García Revenga también aparece nombrado en el auto del juez de más de 500 páginas. En él se asegura que el abogado de las infantas, que aún sigue trabajando para la Casa Real, que respaldaba los negocios de Urdangarín, que usaba precisamente a la Casa real como reclamo.