La elección del tribunal del jurado para juzgar al expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps y al exsecretario general del PPCV y diputado en las Corts, Ricardo Costa, que se ha prolongado durante toda la jornada, hasta alcanzar las nueve horas de duración, se ha convertido en uno de los trámites más largos de selección de miembros de jurado celebrados en España. Ha sido el primer día en los juzgados para los acusados de haber recibido trajes como regalos de la trama en Valencia, lo que se ha calificado de un delito de cohecho pasivo impropio. Camps, a su llegada a los juzgados, ha dicho que no está nervioso mientras que Costa no ha hecho declaraciones.
La selección del jurado de la conocida como 'causa de los trajes' dentro del 'caso Gürtel' comenzó a las 10.15 horas, realizó un receso a las 14 horas y, tras reanudarse a las 17 horas, se ha dado por concluida a las 22.00 horas, tras quedar conformado por siete hombres y dos mujeres.
De hecho, a mitad de la tarde únicamente las partes habían entrevistado a ocho de los 19 seleccionados en un sorteo previo de entre las 29 personas convocadas para formar parte del tribunal popular. Cada parte -acusaciones y defensas- podía recusar a cuatro personas.
Antes de arrancar el proceso el ex president de la Generalitat llegaba a los juzgados entre gritos y abucheos. Ningún rostro relevante del PP le ha acompañaba en un día tan complicado. Ha llegado en coche con su abogado Javier Boix y al bajar ha saludado a varios diputados y miembros del PPCV que le esperaban en la puerta junto a su mujer, Isabel Bas, que ha llegado unos minutos antes.
Diez minutos después, ha llegado a pie al Palacio de Justicia, el exsecretario del PPCV y actual diputado en las Cortes Valencianas, Ricardo Costa, junto a un abogado del despacho de Hermosilla que le representa.
Momentos antes de las nueve de la mañana también se han acercado a las puertas del tribunal algunos diputados y cargos 'populares' del Parlamento valenciano como María José García Herrero, la exconsellera de Cultura Trini Miró, el exconseller de Educación Alejandro Font de Mora, y la directora del IVAM, Consuelo Císcar.
Agentes de la Policía Nacional han identificado a diversas personas que se han concentrado portando máscaras y pancartas frente a las puertas del Tribunal superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV)
La causa llevó a Camps a presentar su dimisión el 20 de julio de este año, cinco días después de que el juez instructor José Flors decidiera abrir juicio oral. Al dejar el cargo, reivindicó su "completa inocencia" y alegó que no pretendía ser un "obstáculo" para que el presidente del PP, Mariano Rajoy, ganara las elecciones.
La Fiscalía Anticorrupción pide tanto para Camps como para Costa una multa de 41.250 euros, mientras que el PSPV --acusación popular-- eleva la petición hasta los tres años de prisión y ocho de inhabilitación, aunque también contempla tres escenarios alternativos para los dos acusados, que incluyen multa o inhabilitación.
Acusados de recibir trajes como regalos
La acusación pública atribuye a Camps la recepción de al menos cinco trajes y tres americanas entre finales de 2005 y septiembre de 2006 por importe de 5.600 euros adquiridos en Milano; cinco trajes y tres pares de zapatos entre finales de 2006 y julio de 2007 por 5.393,5 euros, adquiridos en Forever Young; y dos trajes, una americana y dos pares de zapatos, valorados en 2.680 euros, también de este último establecimiento.
Por su parte, sostiene que Costa recibió al menos tres trajes entre enero y agosto de 2006 por valor de 2.400 euros adquiridos en Milano, y seis pantalones y un traje entre finales de 2006 y julio de 2007 por importe de 4.925 euros de Forever Young. La acusación cuantifica el importe de los regalos en 14.021,50 euros en el caso de Camps; y de 7.325 en el caso de Costa.
En esta causa --que cuenta con 56 tomos y casi 19.000 folios, y cuya vista está previsto que se prolongue durante dos semanas-- ya han sido condenados otros dos acusados, el exvicepresidente de la Generalitat Víctor Campos, y el que fuera jefe de protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret, quienes mostraron su conformidad con los hechos que se les imputaba y aceptaron pagar una multa de 9.600 euros. Además, Betoret devolvió los trajes, valorados en 13.499 euros, y el tribunal ha preguntado a las partes del proceso que destinos les dan.
Dos años y medio de proceso
Esta causa, que ha pasado por la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), dio comienzo por decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien abrió las diligencias previas 275/2008 para investigar una supuesta trama de corrupción ligada a cargos del PP y liderada por Francisco Correa.
En el caso de la Comunitat, en febrero de 2009, funcionarios de Justicia reclamaron en la Conselleria de Turisme los contratos adjudicados para el stand de Fitur a la empresa Orange Market, vinculada a la trama y la Policía detuvo en Valencia a su responsable Álvaro Pérez, alias 'El Bigotes', relacionado con Correa y que había trabajado en la organización de actos del PPCV.
Fue en ese mismo mes cuando se publicaron por primera vez informaciones que vinculaban a Camps con la investigación de esta trama por el regalo de varios trajes por parte de las empresas implicadas. La Fiscalía Anticorrupción le implicó por la frase de un imputado que aludía al pago en trajes para él.
El exjefe del Consell desmintió en ese momento "indignado" la relación y anunció que iba a emprender todas las acciones legales en defensa de su honor, del PP y del cargo que representaba. Sin embargo, se filtraron conversaciones telefónicas grabadas por la Policía entre Álvaro Pérez y Camps, donde el expresidente de la Generalitat se refería al responsable de Orange Market como 'amiguito del alma'.
En el mes de marzo, Garzón se inhibió en parte de la investigación en favor del TSJCV al encontrar indicios de responsabilidad penal en Camps y en Ricardo Costa. Además, implicó al exsecretario general de Organización del partido y exvicepresidente, Víctor Campos, y al exjefe de Gabinete de la Conselleria de Turisme, Rafael Betoret.
La sala de lo civil y penal del TSJCV se declaró el 21 de abril de 2009 competente para asumir la investigación, en la que el instructor sería el magistrado José Flors. Tras la toma de declaración a los imputados y a numerosos testigos, entre ellos, a 35 altos cargos y funcionarios de la Generalitat, Flors halló indicios racionales de delito contra Camps, Costa, Betoret y Campos. Sin embargo, la Sala, tras estudiar los recursos interpuestos contra esta decisión, acordó en agosto de ese año el sobreseimiento con el voto de dos de los tres magistrados que la componían, entre ellos, el de Juan Luis de la Rúa, al que el propio Camps consideró en un acto público "más que un amigo".
Fiscalía y el PSPV recurrieron esta decisión ante el Tribunal Supremo, que en mayo de 2010 acordó reabrirla. Así, las actuaciones volvieron a Flors, quien practicó algunas diligencias más y, tras concluir la instrucción, el 15 de julio de 2011 acordó abrir juicio oral contra Camps y los otros tres imputados.